Inversiones en empresas relacionadas, costo de comisiones y contratación de servicios de entidades estatales. Esas sólo son parte de las inquietudes que el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, manifestó el martes a diputados que estudian el proyecto de ley que creará la AFP estatal. La otras, dice, tienen que ver, incluso, hasta con el nombre de la nueva administradora.
Y es que según el dirigente gremial, "las palabras 'AFP del Estado' inducen a equivoco respecto de la real responsabilidad patrimonial y administrativa que tendrá la administradora pública".
¿Por qué?
Esto se prohíbe expresamente en el decreto 3.500 (que rige al sistema de AFP) y hay precedentes sobre el mismo. Ha habido, al menos, dos casos de empresas que no pudieron usar el nombre de sus matrices.
En su presentación ante diputados, sin embargo, planteó aprensiones al proyecto, pero no lo rechazó completamente...
Nosotros creemos que no es una buena idea que este proyecto se haga realidad. Ahora, también hemos dicho que la industria no se opone a la competencia, de hecho compite intensamente, por lo tanto, si se persiste en esta idea, a nosotros nos parecía correcto hacer ver cuáles son los puntos que podrían mejorar el proyecto.
¿Han estudiado recurrir a alguna instancia como el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la AFP estatal?
Estamos en una etapa de estudio todavía desde el punto de vista legal y económico del proyecto, pero obviamente ya tenemos algunas ideas y las que planteamos en la comisión el martes. Hoy, no puedo responder sobre el TC, porque estamos en etapa de elaboración del informe legal.
¿Qué le preocupa fundamentalmente de este proyecto?
El conjunto de problemas que nosotros hicimos ver (a diputados) podrían generar una situación de competencia desleal en caso que el proyecto se apruebe tal cual está.
¿Por su régimen de inversiones?
No sólo eso. Por ejemplo, la extensión del objeto de la AFP estatal, donde se dice que la administradora tendrá otros servicios conexos, pero no se dice cuáles. Eso podría afectar un principio fundamental del sistema, como es el giro único. También, es muy importante precisar la total ausencia del costo de capital. El proyecto de ley establece tres fuentes de capital para la AFP: un aporte inicial, aumentos de capital y un aporte excepcional de US$ 70 millones, pero no se contempla ningún mecanismo para que se asuma un costo de capital, como tiene cualquier privado por los recursos que invierte en un negocio. En este proyecto no hay ninguna mención a cuál va a ser la rentabilidad que se le va a exigir a los fondos (inversión) que se le ponen a este negocio, que cualquier particular obviamente tiene.
Quizás es porque busca una rentabilidad social más que económica...
Por lo mismo, es importante que los fondos que se ponen en esta nueva AFP se les exija un retorno para que sea en igual de condiciones con otros competidores.
¿A cuánto asciende el gasto que haría el Estado en esta AFP, según el gremio?
Nosotros hicimos un ejercicio donde vimos que si la AFP estatal llegara a tener un 10% de cuota de mercado, eso implicaría tener que poner recursos para encaje por parte del Estado de alrededor de US$ 174 millones y si llegara a un 20%, serían unos US$ 350 millones.
¿Eso a cuántas pensiones básicas solidarias (PBS) corresponde?
Con el 10% de cuota de mercado se podrían financiar 87 mil PBS adicionales o 174 mil, si llega al 20% (en el caso de los hombres). Estos recursos para la AFP estatal se pueden usar ahora para mejorar pensiones.
