El Presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC) Andrés Santa Cruz se refirió hoy al falle unánime del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declaró que las empresas Agrosuper, Artiztía y Don Pollo, se coludieron para limitar la producción de carne de pollo asignando cuotas en el mercado de elaboración y comercialización.
En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Santa Cruz, recalcó que "siempre vamos a condenar todos los atentados a la libre competencia, todo lo que se aparte de la legalidad y la ética. Sin perjuicio de lo anterior, en este caso aún quedan instancias judiciales. Dar un juicio categórico no corresponde".
En este sentido, el representante del empresariado añadió que "falta que se pronuncie la Corte Suprema".
Santa Cruz recordó que "el año pasado yo plantee en Enade que hay que decir al pillo pillo, al sinverguenza, sinverguenza, pero también al inocente, inocente. Acá no podemos tener dobles discursos ni ser tibios, sin entrar a pronunciarnos sobre un caso particular que más aún le quedan instancias por lo que hoy día vemos, el día de mañana puede revertirse".
"Nosotros no debemos equivocarnos en nuestro discurso y decir las cosas por su nombre. Aparte de eso, una vez que se comprueben -agotadas todas las instancias- que gente ha violado la ley, ha atentado contra la libre competencia, mi postura personal es que no deber pertenecer más al gremio", añadió.
En este sentido, Santa Cruz señaló: <strong>"Mi postura es que si efectivamente cuando se termine una causa alguna persona ha atentado contra la libre competencia, debe tener una sanción que vaya más allá. No se puede sentar a comer en la misma mesa a comer con nosotros. Esa es mi postura personal".</strong>
Si bien el representante de la Confederación de Producción y el Comercio dijo que la colusión se trata de un tema que "evidentenmente que nos preocupa", planteó que no se debe generalizar: "Hay que diferenciar las actitudes del empresariado con las actiudes que pueden tener algunos empresarios", dijo.
La sanción del Tribunal resolvió aplicar multas por un total de 60 millones de dólares y ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, que habría actuado como coordinadora dentro de la colusión.
