Terminada la ceremonia que daba inicio al año judicial 2015, la presidenta del Senado, Isabel Allende (PS), apuró el paso hacia el ascensor del segundo piso del Palacio de Tribunales. La senadora no habló con la prensa y ni asistió al cóctel que ofrecía el Poder Judicial en honor a sus invitados. Minutos antes, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, había dado a conocer una propuesta directa que tenía a los diputados y senadores como protagonistas: la eliminación del fuero parlamentario, el que impide que sean detenidos o imputados si no son sometidos a un antejuicio para desaforarlos en la Corte de Apelaciones y Suprema.
"Tema a evaluar es la necesidad en la actualidad del fuero parlamentario (...) Esta realidad normativa resulta a lo menos objetable en la evaluación global del sistema representativo, puesto que una determinación negativa, en una fase preliminar y con un mínimo de antecedentes, cierra paso a la investigación definitivamente, lo que equivale a la absolución", manifestó Muñoz.
El supremo agregó: "Acceder al desafuero trae como consecuencia, no solamente que el parlamentario debe concurrir a responder la imputación, sino que también que por la decisión de los tribunales se suspende de su cargo a los mandatarios de la ciudadanía, alterando la composición de fuerzas políticas. Por lo anterior, debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios".
Muñoz realizaba así un discurso que giraba en torno al concepto de igualdad ante la ley en un contexto político marcado por el caso Penta, dado que mañana serán formalizados los dueños del holding y, además, la fiscalía indaga el presunto financiamiento irregular a campañas políticas . "En algún instante se pensó, por legisladores de otro países, que los parlamentarios no iban a tener el mismo tratamiento en los tribunales que los demás ciudadanos, pero yo creo que toda la sociedad ha avanzado. Todas las personas, cualquiera que sea, tiene que concurrir (a los tribunales) en igualdad de condición", dijo.
Sin embargo, el supremo precisó que "el discurso lo tengo pensado hace mucho tiempo; no tiene que ver con aspectos específicos del acontecer nacional".
La propuesta de Muñoz fue tomada con cautela por la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, quien consideró que "la independencia de los parlamentarios se podría ver menoscabada con una investigación criminal. Yo creo que es un tema complejo, que tiene pros y contras".
En tanto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró la propuesta, aunque advirtió que el fuero es un proyecto de ley que está en el Parlamento. "Lo deben debatir los parlamentarios. Ellos son hoy los que tienen fuero y algunos ya han manifestado que no se condice con los tiempos, pero es un proyecto de ley que ya existe". No todo se centró en fuero parlamentario, sino que también Muñoz se dio espacio para analizar los vínculos entre el servicio público y privado.
"El comportarse bien no es un problema de leyes: es un problema de valores. Creo que esto está más relacionado con la forma en que entendemos el ejercicio de la actividad empresarial, y el ejercicio de la actividad pública: en cómo servimos mejor al país y no cómo servimos mejor a nuestros intereses", concluyó Muñoz.
Las críticas a la autoridad pública no quedaron allí. En su discurso apuntó una serie de proyectos de ley "archivados" que iban en beneficio de la modernización del Poder Judicial y cuestionó el sistema de elección del Tribunal Constitucional (TC). "Se ha planteado eliminar la designación que hace la Corte Suprema de tres ministros del TC, dejando su integración a ministros solamente nombrados por autoridades políticas, las que omiten todo concurso y explicación de sus designaciones, las que son meramente potestativa, falta de justificación que contraría los principios de control, responsabilidad y democracia".
