El presidente de México, Enrique Peña Nieto,  promulgó este viernes una reforma política que prevé la reelección de  presidentes municipales y legisladores, además de la creación de la Fiscalía  General -un órgano autónomo- y del Instituto Nacional Electoral, que controlará  las elecciones en todos los estados.

La reforma "rompe paradigmas para consolidar una presidencia democrática y  un poder legislativo más dinámico", opinó Peña Nieto, poco después de firmar la  nueva ley en el emblemático Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

Una de las principales modificaciones que introduce esta reforma es la  posibilidad de reelección para los presidentes municipales y los legisladores  federales, un tema que no había sido abordado en el Congreso desde principios  del siglo XX.

Según la nueva ley, los alcaldes podrán ser reelectos una vez, mientras que  los senadores y diputados podrán ejercer el cargo hasta por doce años  consecutivos. 

Además, se creó el Instituto Nacional Electoral para sustituir al actual  Instituto Federal Electoral. El nuevo organismo tendrá la facultad para atender  asuntos de la competencia de los órganos electorales locales e incluso la  organización total de las elecciones.

En ese sentido, Peña Nieto anunció una próxima iniciativa para "aclarar que  la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante  cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y  televisión fuera de los supuestos previstos en la ley".

Por otra parte, con la reforma recién promulgada desaparecerá la  Procuraduría, que se convertirá en la Fiscalía General de la República, un  órgano autónomo del gobierno que contará con una fiscalía especializada en  delitos electorales y otra contra la corrupción.

Otra institución que ganó autonomía fue el Consejo Nacional de Evaluación  de la Política de Desarrollo Social, mientras que los partidos políticos  estarán obligados a garantizar que las mujeres ocupen el 50% de las  candidaturas a legisladores federales y locales.

Según Peña Nieto, la reforma política fue necesaria pues México padecía una  "aguda parálisis legislativa en la que se dejaron de aprobar reformas  necesarias e importantes".

El 13 de diciembre, el Congreso ratificó definitivamente esta reforma, que  se acordó en el marco del llamado Pacto Por México, que Peña Nieto firmó con  las dos principales fuerzas de oposición del país con el objetivo de concertar  reformas de gran calado, como las ya aprobadas en materia de  telecomunicaciones, energía, hacienda, finanzas y educación.

Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)  -que se opone tajantemente a la reforma energética- se distanció del Pacto a  raíz de la reforma política, pues considera que su proceso de aprobación fue  acelerado por un supuesto acuerdo entre el partido oficialista, Partido  Revolucionario Institucional (PRI) y el opositor Partido Acción Nacional