El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, envió al Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el Gobierno que introduce un recorte del 10% en las pensiones de los trabajadores públicos superiores a 600 euros al mes.

Según informó la Jefatura del Estado, Cavaco Silva solicitó el parecer de los jueces para verificar que la norma se ajusta a los principios recogidos en la Carta Magna antes de sancionar su entrada en vigor.

El Ejecutivo luso, de signo conservador, defendió la necesidad de adoptar este nuevo ajuste a instancias de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entidades que le concedieron en mayo de 2011 su rescate financiero a cambio de un severo programa de reformas.

Con esta medida, ahora pendiente del dictamen del Constitucional, el Gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho pretende dar un paso más hacia la convergencia entre las pensiones del sector público y las del sector privado.