"Si no se adoptan las medidas que apunten a preservar los recursos, tarde o temprano la actividad pesquera va a desaparecer", dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, quien enfatizó en el complejo momento por el que está atravesando el sector y que "no está en condiciones de resistir propuestas que planteen alteraciones sustantivas en los actuales mecanismos de administración pesquera vigentes", indicó.

Durante 2011 la industria apoyó la medida del gobierno de aplicar una considerable reducción en las cuotas de pesca (76% en el caso del jurel y 72% en la anchoveta) sobre la base de un enfoque precautorio y la información científica disponible sobre los recursos pelágicos nacionales. Sin embargo, esta decisión ha generado una serie de impactos en áreas tan sensibles como el empleo, explicaron en Sonapesca.

La entidad dijo que como consecuencia de la reducción de los desembarques, principalmente del jurel, se estima que la fuerza laboral se redujo en un 15,6%.

Es por ello que las compañías han privilegiado la elaboración de productos para consumo humano, principalmente conservas y congelados, con el fin de mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo y agregar valor al recurso.

La entidad gremial entregó información y cifras que confirman la delicada situación que vive la pesca, por la disminución de los desembarques, la reducción de las cuotas de pesca, la baja en los niveles de empleo y los efectos derivados del terremoto.

En 2010 el sector pesquero industrial en Chile perdió US$330 millones, sólo considerando las pérdidas en plantas y en faenas de descarga, detalló Sarquis. A la fecha sólo se ha recuperado un 70% de la capacidad de procesamiento, cifra que se explica fundamentalmente por la menor disponibilidad del recurso jurel y también por la falta de decisión respecto de la normativa del sector pesquero.

Con todo esto, el representante gremial dijo que objetivo primordial, tanto para el gobierno como para la industria, es la conservación del recurso y la estabilidad de las pesquerías. Cualquier normativa que regule el sector, debe velar porque esto se cumpla, resolviendo los distintos problemas de las pesquerías en cada región del país y asegurando una pesca sustentable desde una perspectiva biológica, económica, medioambiental y social.

En los últimos meses, compañías del sector pesquero anunciaron planes para incorporar mayor valor agregado, establecieron asociaciones estratégicas entre algunas empresas y, en otros casos, acordaron fusiones para racionalizar las operaciones y reducir los costos dada la escasez de materia prima, entre otras variables.