"Hace bien el presidente de la Corte Suprema en defender su independencia", dijo el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, en cuanto a la polémica que se generó luego que el ministro Sergio Muñoz rechazara las críticas del presidente Sebastián Piñera por el fallo del caso Luchsinger Mackay.
Urrejola manifestó que, si bien, "las fuerzas son independientes…hay que valorar que en un estado hoy día (el Presidente de la República) también tiene derecho a expresar su opinión, pero eso no significa que un juez vaya a fallar de una forma u otra, sino en mérito del proceso y de los antecedentes".
El presidente del CDE, además rechazó la presentación de la Asociación de Magistrados, quienes reclamaron ante la OEA por las "presiones" sufridas desde el Gobierno.
"Cada cual es responsable de desprestigiar o no su país y cada uno tiene que ser capaz de trabajar y pelear dentro de su país. A mí nunca me ha gustado la gente que anda desprestigiando su país afuera", expresó Urrejola, quien agregó que, "cuando nos gusta el gobierno nos callamos, y cuando no corrimos a cuanta instancia internacional existe".
CRÍTICAS A LA REFORMA PROCESAL PENAL
El presidente del CDE, en su cuenta pública 2013, aseguró que "nuestro sistema procesal penal no mejorará para combatir la delincuencia", mientras no exista "un control efectivo de las actuaciones y omisiones de los fiscales por tribunales independientes".
Urrejola ejemplificó que, "resulta desconcertante y preocupante que frente a la querella presentada por el CDE sobre alteración de información relacionada con las metas del Ministerio Púvblico, el fiscal regional de la Cuarta Región, señor Labarca, haya denegado las diligencias de investigación solicitadas para esclarecer los hechos".
Otro tema sensible para la defensa de los intereses del Estado, dijo Urrejola, es que la Ley de Transparencia exige la entrega de antecedentes que están bajo secreto profesional, lo que a juicio del presidente del CDE, "no puede confundirse con la alteración de una obligación básica de los abogados y funcionarios del CDE en su función de representar judicialmente al Estado, Fisco y organismos estatales".