"El martes 11 de marzo a las 20.00 horas me llamaron para ofrecerme el puesto de director de la Dirección Nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP)", comenta Rodrigo Egaña, para quien este cargo no es ajeno, pues es parte de este Consejo hace tres años.

No tiene aún el número de personas que han sido removidas de sus cargos producto del cambio de gobierno, pero sí explica que es de toda lógica -"y el sistema de ADP así fue concebido"- que las nuevas autoridades puedan colocar en puestos clave "gente de su confianza".

En el programa de la Presidenta Bachelet se plantea que si bien el sistema de ADP ha sido exitoso "al producirse el cambio de gobierno en 2010 mostró debilidad convirtiendo la facultad para despedir a los altos directivos en un mecanismo de remoción política", ¿comparte esta afirmación?

La Alta Dirección Pública ha sido y es una reforma que le ha hecho bien a la gestión pública. Se trata además de una reforma que recién acaba de cumplir 10 años y claramente, cuando hay cambios de coalición, hay una tensión adicional en el sistema. Sin embargo, lo que estamos observando, y eso debe estar presente en el análisis, no es otra cosa que la aplicación del marco legal vigente para la ADP, materia que el país definió así el año 2003 en el Congreso, lo que se ha mantenido sin grandes cambios desde esa fecha. El programa de la Presidenta Bachelet identifica debilidades y, por ello, plantea su perfeccionamiento y ampliación. El programa será precisamente la carta de navegación en este tema, programa que también aborda integralmente la modernización del Estado en su conjunto.

¿Cuál es la diferencia con lo que ocurrió en el gobierno anterior y lo que hoy está sucediendo?

Hay una premisa básica: el alto directivo público es un cargo técnico-político, que tiene una doble dimensión. Por una parte, el mérito en la selección y, por la otra, la confianza en el nombramiento y en la remoción, que se conjugan virtuosamente para tener una mejor gerencia pública. Obviamente, hoy la discusión está centrada en los 110 cargos ADP de I Nivel, que son cargos de la primera línea de gobierno y que están mucho más cerca de la autoridad o del nivel político y que son fundamentales para el cumplimiento del programa de gobierno.

¿Esta administración hará cambios?

Hay que avanzar en mejorar la dirección pública, eso nadie lo discute y este gobierno a través del Ministerio de Hacienda, tiene esa decisión. Yo creo que perdimos tiempo en este camino, es así como el gobierno del ex Presidente Piñera, lamentablemente, envió un proyecto de ley, luego de un primer intento fallido, cuando restaban menos de seis meses para el término de su administración. Y en esto quiero destacar la voluntad permanente del Consejo ADP y de su ex presidente para que la reforma se concretara.

¿Es posible saber qué porcentaje de los cargos adscritos al sistema de ADP se le han solicitado su renuncia?

No tenemos esa información aún y oficialmente nosotros como Servicio Civil vamos recibiendo los oficios con un desfase. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno anterior desvinculó el año 2010 al 63% (46) de los directivos nombrados por ADP de I Nivel y que estaban vigentes (73), es decir, directivos que habían llegado por concurso público. También el dato para ese mismo año es que un 6% (4) de los directivos vigentes presentó la renuncia de manera voluntaria.

¿Justifica usted que se les pida de inmediato la renuncia a personeros que participaron en un concurso, de altos niveles técnicos como es el caso del SII o del INE?

No se trata de justificar o no la desvinculaciones, se trata de una facultad que la ley le entrega a la autoridad y que el gobierno anterior ejerció libremente y sin restricciones y que el gobierno actual también puede ejercer.

Ahora, sin entrar a referirme a casos particulares, hay que contextualizar las cosas: el cargo del director del SII sólo desde el 2011 se elige por ADP, y es el único cargo de ese servicio que se selecciona por este mecanismo, y creo que es importante recordar que uno de sus últimos directores salió luego de una ácida polémica por una millonaria condonación de deuda a una empresa del retail. Entonces, claramente es un servicio que está muy cerca de la definición de la política pública y otra vez llegamos al diseño del modelo ADP. En el caso del INE, si uno mira la prensa es claro que la Presidenta Bachelet definió la realización de un nuevo censo y el ex directivo pensaba y dijo públicamente una cosa distinta, y es ahí es donde uno debiera esperar que un alto directivo esté en sintonía con la definición de la autoridad elegida democráticamente.

La Consejera de la ADP Beatriz Corbo sostiene que si bien la reforma tributaria pasa por una decisión política, el director del SII es un ejecutor no un diseñador.

No me corresponde opinar sobre lo que diga la Consejera Corbo, con quien he compartido varios años en el Consejo ADP y donde tenemos un interés común: que el mérito se instale y penetre cada vez más en la administración del Estado y eso incentive una mejor gestión. Respecto a lo del director del SII, lo que puedo decir es que el ministro de Hacienda es el encargado de implementar una de las tres reformas clave del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y, en este caso, en el marco de la ley y combinando las dimensiones de la ADP, mérito y confianza, debe tomar las decisiones que él estime convenientes para cumplir de la mejor forma con la misión encomendada.

Entonces, ¿por qué si son cargos de confianza los de I y II nivel jerárquicos se eligen por ADP?

Las peticiones de desvinculación se enmarcan en las atribuciones que tiene todo gobierno, de acuerdo al estatuto de la ADP, que es un sistema que combina mérito, por un lado, durante el proceso de selección, y confianza, por otro, que se expresa en la posibilidad que tiene la autoridad que ha nombrado a la persona de deshacer ese nombramiento a través de la petición de renuncia. Son cuatro los gobiernos que han tenido que funcionar con este sistema y claramente han surgido nuevos desafíos, debilidades y problemas que, estoy cierto, nadie se va a negar a enfrentar.

¿Cuánto cuesta hoy un concurso, por ejemplo, si se llamara el del INE o del SII?

Un concurso de un cargo de II Nivel está en torno a los $ 9 millones y un cargo de I Nivel, como en estos casos, aproximadamente al doble, se trata de cifras más bajas de lo que paga el mercado por seleccionar un gerente de una empresa. No hay que perder de vista que cuando hablamos de ADP estamos hablando de gerentes públicos clave para la principal empresa del país, que es el Estado.

¿No considera usted que es un despropósito que el Estado invierta en estos procesos cuando pueden ser removidos en cualquier instante por políticas?

Nunca hay que perder de vista, y en esto voy a ser reiterativo, que el sistema chileno conjuga mérito y confianza y ha permitido ubicar a nuestro país por lejos en el primer lugar de la región en términos de transparencia, calidad y efectividad de la gestión de su Estado, superando incluso a varias economías de la OCDE. Hay un tema que también es necesario tener presente, el impacto que la ADP está teniendo en el mejoramiento de la gestión. En el ámbito de la Salud, un estudio de 2012 -hecho por la académica Loreto Lira, que es consejera ADP- demuestra con datos concretos el mejoramiento de indicadores clave en los servicios de salud, entonces, hay que tener cuidado con hacer juicios apresurados y hay que analizar todas la variables. Yo veo en esta discusión una oportunidad de avanzar.

¿Cree que el sistema de ADP ha terminado con los operadores políticos?

El sistema asegura que candidatos idóneos, aquellos que cumplen con las condiciones y los estándares adecuados para desempeñar altas responsabilidades en el Estado lleguen a ejercer estos cargos, que digámoslo claramente, son cargos esenciales para realizar un buen gobierno y eso, por sí solo, es muy positivo y es un factor que nos diferencia del resto de los países. Usando un lenguaje coloquial, un operador político, que es aquel que llega al cargo por favores políticos o para servirse del cargo, ha encontrado en este sistema ADP una barrera infranqueable y eso en la práctica, como decía, es un salto cualitativo en el progresivo mejoramiento de la calidad del Estado chileno.

Las autoridades que hoy han asumido en instituciones adscritas a la ADP, ¿cómo quedan? ¿Con cargos transitorios y provisorios?

Cada vez que hay una desvinculación, la autoridad debe nombrar un directivo de manera transitoria y provisional, y sí o sí corresponde que se realice un nuevo concurso, con las mismas reglas de la ADP, es decir, todos los candidatos pasan por las mismas pruebas y etapas de selección, que son muy rigurosas y en igualdad de condiciones. Eso es lo que corresponde, la ley así lo establece, y es el camino que deben seguir los respectivos ministros y jefes de servicio. Los provisionales y transitorios pueden postular al concurso ADP, pero además, para ser nombrados incluso en esa calidad deben cumplir con los requisitos legales y los perfiles exigidos para desempeñar el cargo. En cuanto a plazos, estos nombramientos no pueden exceder de un período de un año, contado desde la fecha de los mismos.

En el programa de la Presidenta Bachelet dice que esta figura de transitorios y provisorios se restringirán a seis meses....

Efectivamente, existe consenso en que la figura del provisional puede ser mal utilizada, por ejemplo, se puede demorar artificialmente un concurso, desincentivar la postulación o restar legitimidad al sistema. Ahora, respecto a los provisionales y transitorios hay un dato muy interesante: de los directivos que estaban en esa calidad en el período 2010-2013 y que postularon al concurso, aproximadamente un 35% no fue nombrado en el cargo, ya sea porque no pasó el filtro de mérito, en otras palabras no superó las etapas de selección, o porque la autoridad al ver la nómina decidió que había otras personas más adecuadas para ejercer el cargo.

En el mismo programa se plantea que son indispensables mejoras al sistema como avanzar en la ampliación del sistema con carácter mixto que complete diferencias de régimen entre el primer y segundo nivel jerárquico con criterios explícitos de delimitación técnico-política, aumentando la cobertura del sistema, ¿esto qué implica?

Efectivamente hay una orientación programática al respecto, de una mejor definición entre la línea técnico-política de un cargo, en especial en el I Nivel, y este tema, como corresponde, ya es materia de análisis y discusión por parte del Ministerio de Hacienda. Por cierto y no tengo dudas, el Consejo de Alta Dirección Pública seguirá aportando y ayudando a generar los consensos para que la ADP se consolide y se perfeccione.

También se plantea hacer del convenio de desempeño del alto directivo un instrumento que apoye el mejoramiento de la gestión, ¿cómo se hará?

El convenio de desempeño que firma el directivo ADP con la autoridad y que establece las metas y objetivos a cumplir debe ser mejorado. En estos 10 años se ha ido avanzando y el Servicio Civil y el Consejo ADP estamos y seguiremos trabajando en este tema. El Ministerio de Hacienda tiene planificadas, más allá de las reformas legales que puedan definirse, medidas administrativas, las que seguramente serán dadas a conocer próximamente y que van en ese sentido.

¿Cuándo se enviarán los proyectos de ley necesarios para materializar estos cambios?

Esto vendrá en la discusión posterior a los primeros 100 días de gobierno, porque no están dentro de las 50 primeras medidas.

¿Pero la decisión política de modificar el sistema de ADP ya está tomada?

Efectivamente, en el programa está clarísimo en el acápite de modernización del Estado. O sea, este gobierno perfeccionará el sistema de alta dirección pública, porque es un compromiso programático.