El presidente del Senado mexicano, Miguel Barbosa, exigió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) esclarecer las agresiones contra estudiantes en Iguala (sur), localizar a los 43 jóvenes desaparecidos en esa ciudad, castigar a los culpables y "no tolerar más impunidad".
"No podemos permitir que se instale entre nosotros una visión cínica de las circunstancias, donde tragedias como las de Iguala se pierdan entre notas de prensa, ineficiencia de las autoridades y ajustes de cuentas políticas", afirmó Barbosa, según un comunicado de la Cámara alta.
El presidente del Senado informó que esta instancia acordó integrar un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación para contribuir con las autoridades en el proceso de esclarecimiento de los hechos.
Destaco que las agresiones en Iguala, ciudad ubicada en el sureño estado de Guerrero, son de "extrema gravedad y urgencia" por lo que exigió al Estado Mexicano realizar un amplio esfuerzo para localizar a los 43 estudiantes magisteriales desaparecidos, identificar a los que se los llevaron y sancionarlos por los delitos que correspondan.
El 26 de septiembre, policías municipales de Iguala dispararon contra estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, hechos que dejaron 6 muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
El presidente del Senado precisó que las investigaciones que realicen tanto el Gobierno federal como el de Guerrero deben conducirse "con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo".
Añadió que el Senado insistirá en que las investigaciones se realicen en "un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación permanente" con los familiares de las víctimas y con toda la sociedad, con el fin de "identificar y sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables".
Adelantó que otro de los acuerdos adoptados por el Senado es realizar una sesión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para analizar la situación de la seguridad pública en Guerrero.
"Los crímenes de Iguala son hechos horrendos que trastornan la vida de un Estado y de un país" indicó Barbosa y agregó que esos hechos revelan "cómo el crimen organizado ha penetrado a las autoridades" y puede actuar con total impunidad.
En ese sentido, pidió a las autoridades federales y locales demostrar que no han sido rebasadas para garantizar la seguridad pública e impartir justicia.
Afirmó que no solo se debe detener a policías municipales que cometan delitos o destituir a servidores públicos, sino también "desmantelar a los grupos del crimen organizado que operan en esa región".
El sábado, el fiscal federal, Jesús Murillo Karam, aseguró que no se ha identificado ninguno de los restos encontrados en las fosas clandestinas, por lo que no se descarta ni confirma que sean de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Esta declaración desmintió al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien horas antes había asegurado que algunos de los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Hasta ahora, las autoridades han arrestado a 34 personas de las cuales 22 son policías municipales, presuntamente vinculados con el grupo Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
