Presidente ejecutivo de Andes Iron: "Acá hubo una vulneración a la institucionalidad al más puro estilo de Venezuela"

A menos de 24 horas de haberse conocido el acta y resolución de la polémica reunión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, salió a mostrar su optimismo frente al futuro de la iniciativa minero-portuaria.

El principal argumento para validar esa postura es, a su juicio, que los documentos liberados por la cartera que lidera Marcelo Mena evidencian que hubo arbitrariedad en la votación.

No duda que en abril de 2018 el organismo ubicado en Antofagasta resuelva a favor de la empresa y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pueda ser revaluado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Para validar el vicio en el proceso, el ejecutivo no descarta que los abogados le soliciten incluso al ex ministro de Economía Luis Felipe Céspedes que vaya a testificar en la causa.

¿El acta y la resolución del Comité de Ministros se distancia mucho de cómo imaginaban que sería?

No, por el contrario. Lo que se conocía del Comité de Ministros era por las declaraciones del ministro Mena. Hay una entrevista en The Clinic que la encuentro gravísima, en que le preguntan ¿tenían la votación? Y responde "sí, teníamos los votos". Eso da cuenta de que, en el fondo, había algo arreglado y que fue una votación política. Es decir, la motivación del rechazo en la Comisión Regional y en el Comité de Ministros fue política.

¿Cuáles son los argumentos sólidos que usarán para defender esa afirmación?

Hay un hito que es de máxima gravedad, y es que, en el fondo, la autoridad está reconociendo que hubo falta de motivación (que no ejercieron sus funciones) en la Comisión Regional y lo que dice la institucionalidad es que si hay falta de motivación es arbitrario e ilegal de parte del intendente de Coquimbo -que fue quien dirimió-, y eso muestra que la decisión fue política y no técnica. Lo que se está tratando de hacer es sacar conejos del sombrero de difícil origen para justificar que el EIA de Dominga es deficiente.

Considerando el visto bueno del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la Comisión Regional, ¿qué provocó el rechazo?

Marcelo Mena lo que hizo fue descabezar el SEA, sacó al director ejecutivo y a los profesionales que lideraron el proceso de evaluación ambiental de Dominga y que resume el ICE. Hay una denuncia, en que se quejan por haberlos sacado de manera irregular por decisiones políticas.

Acá lo que hay es una vulneración de la institucionalidad. Acá se metió las manos en la institucionalidad al más puro estilo de Venezuela. Entonces, es muy consistente que un ministro renuncie, porque si no implica que avala ese tipo de comportamiento.

¿Cómo leen el argumento que da el ministro Mena a los ministros Céspedes y Williams, de no acceder a sus solicitudes de más tiempo, porque ustedes podían recurrir al silencio administrativo?

Esto es muy interesante para ver lo que uno interpreta como motivación política. Las citaciones ordinarias del Comité de Ministros requieren 10 días de anticipación para que puedan estudiar los antecedentes de temas complejos y llegar a votar en conocimiento de esos argumentos. En este caso se cita para tratar Cerro Casales y resulta que el viernes anterior a la reunión se incluye Dominga y no se cambia la característica de ordinaria de la sesión. Los ministros se enteran el jueves por la noche, se comienzan a entregar los informes el viernes a última hora y se vota a las 7.30 de la mañana del lunes como sesión ordinaria. Los ministros Céspedes y Williams piden más tiempo por razones obvias y no se les da, y el argumento es porque tienen un titular que puede ejercer el derecho de silencio administrativo. Si todo esto no muestra arbitrariedad, no lo entiendo.

Con todos estos argumentos, ¿creen que será más fácil la tramitación en el Tribunal Ambiental de Antofagasta?

Pese a toda esta situación de arbitrariedad que hemos sufrido, estamos muy contentos con estos documentos, porque es tan evidente para reclamar a los tribunales ambientales, que nuestros abogados nos dicen que la probabilidad es altísima de que el Tribunal Ambiental revierta y declare ilegal lo que ocurrió en la Comisión Regional y en el Comité de Ministros por motivaciones políticas y el EIA pueda ser revaluado.

Por eso el mensaje es que el proyecto está más vivo que nunca. Lo han querido matar el intendente (Claudio Ibáñez) y el ministro Mena, pero lo han hecho vivir con más fuerza.

Si el Tribunal Ambiental retrotrae todo a la votación de la Comisión Regional, eso ya sucederá en el próximo gobierno

Nuestras estimaciones de timing es que a fines de noviembre deberíamos presentar la reclamación para robustecerla, no como lo ha hecho el ministro de Medio Ambiente, de hablar preliminarmente de manera tan poco pulcra e intelectualmente tan débil. De ahí no deberían pasar más de cuatro meses para que se pronuncie el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Es decir, hacia fines de marzo de 2018 debería estar resolviendo. Esperamos que en abril de 2018 este proyecto esté recuperando la racionalidad.

Según las encuestas, es probable que en abril de 2018 el Presidente de Chile sea Sebastián Piñera, a quien le ha salpicado el tema Dominga, ¿no cree que también esté el factor político en ese análisis?

Hemos tenido una reflexión profunda sobre este tema y nos hemos puesto en el escenario hipotético de que el próximo Presidente sea Sebastián Piñera. Nuestra esperanza es que cualquiera sea el presidente, con un fallo de un tribunal que haya declarado ilegal lo que ocurrió, tenga la fortaleza para poder votar esto fuera del ambiente político.

¿Qué validez puede tener un proyecto que en su inicio estuvo vinculado a la familia Piñera?

Lo primero, el diputado Gutiérrez se querelló por Exalmar y luego adicionó a Dominga. Los tribunales resolvieron de manera categórica diciendo que no había ningún mérito de ilegalidad en el caso de la familia Piñera con Dominga.

Lo segundo, es que lo importante de un país son las instituciones, y si la institucionalidad en su conjunto, legitimada, decide que el proyecto Dominga cumple con el EIA y que, además, es un aporte para Chile, no veo ninguna razón para que ni Sebastián Piñera u otro presidente puedan votar en contra.

¿Qué relevancia tiene para la argumentación que presentarán en el Tribunal Ambiental la salida del equipo económico?

Aurora Williams dice textualmente en las actas que no tiene ningún argumento para votar en contra y que si hay nuevos argumentos requería de tiempo para analizarlos, esos son argumentos contundentes. Si el ministro Céspedes se va de la sesión, sale porque pidió más tiempo y el ministro Mena no lo acepta, es un tremendo argumento de arbitrariedad. Y lo ideal sería que ellos puedan testificar.

¿Van a pedir que testifiquen los ministros?

Se me ocurre en esta entrevista. Podría ser. Yo les diría a nuestros abogados que si está en las actas sería fantástico que el tribunal pudiera llamar al ex ministro Céspedes y preguntarle qué es lo que realmente ocurrió. No es menor que él se vaya, porque a él lo deja en un problema de incumplimiento como funcionario público. La ley de base de medioambiente dice que tiene que votar sí o no, no puede no votar, pero él se fue y presumo que sabía que al irse estaba en incumplimiento. Por tanto, interpreto que para exponerse a esa situación es porque tenía razones contundentes.

La renuncia masiva de los ministros ¿qué dejó en evidencia?

Que aquí hubo una motivación política y lo que leo es que los ministros Valdés, Céspedes, el subsecretario Micco y, me atrevería incluir al ministro Badenier, no quisieron ser cómplices de una violación a la institucionalidad y, por lo tanto, renunciaron.

¿Cree que fue la Presidenta quien indujo a rechazar el proyecto?

No tengo idea.

¿Cree que el ministro Mena tuvo un gran poder de persuasión?

Creo que todo Chile especula sobre lo que ocurrió y es lamentable que no haya transparencia, sobre todo en una administración como la de la Presidenta Bachelet, en que uno de sus argumentos es la transparencia.

Pero después del episodio del Comité de Ministros la Presidenta aparece validando al ministro de Medio Ambiente frente al de Hacienda y luego respaldando muchas iniciativas que tienen que ver con la conservación, tomando un liderazgo del tema medioambiental. ¿En qué minuto cree que tomó esa opción?

Este viraje hacia el cuidado del medioambiente me parece inconsistente y mediocre.