"Si por otro mes las empresas no reciben pago, la situación financiera será extremadamente compleja", dice Christian Hanel, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis), frente a la situación que atraviesan las firmas que abastecen a los hospitales y los atrasos que está sufriendo el pago de las facturas, producto del millonario déficit de la red asistencial. La situación ya hizo crisis en Quillota, donde los médicos del principal establecimiento denunciaron la suspensión de cirugías y procedimientos por falta de insumos y fármacos.
¿A cuánto llega la deuda?
La deuda hospitalaria debe ser de unos $ 300 mil millones y, de eso, la de los proveedores de dispositivos médicos debe ser la mitad. En el caso de Apis, llega a unos $ 75 mil millones.
¿Ve voluntad del Ministerio de Salud para conciliar la deuda?
Pensamos que el ministerio no recibe la información completa: si un hospital debe $ 100 millones, informa que son $ 80 millones. Además, posponen la emisión de órdenes de compra de productos que se han usado para el mes siguiente. Con eso, el hospital aparece gastando menos dinero y pueden esconder parte de su deuda. En las licitaciones dicen que se paga en 45 días, pero las facturas se cancelan a 90, 120, 180 y más días, porque o los hospitales no recibieron dinero suficiente del ministerio o porque derivan los fondos a otros ítems, que son prioritarios.
En noviembre hubo hospitales que no les pagaron, ¿cómo los afecta?
Los proveedores viven del flujo, tienen que comprar, pagar a sus proveedores o la fabricación. Con el nivel de deuda que hay y el atraso, las líneas de créditos que las empresas tienen son muy altas. Es muy complejo. Las empresas estamos sustentando el sistema de salud, al menos en lo financiero. Los proveedores de dispositivos médicos representan al menos el 50% del gasto de cualquier hospital y recurrir a ese financiamiento de forma gratuita es atractivo. Extraña que dentro del presupuesto no se contemple este déficit que se produce hace años.
¿Hay empresas que se ven en una situación de insolvencia?
Algunas han decidido proveer solamente a los privados, porque no tienen la solvencia para enfrentar una situación así. Si están cerca de quebrar, no lo sé fehacientemente, pero nos han dicho que están llegando al límite de su capacidad de financiamiento.
¿Cómo van las conversaciones con el Ministerio de Salud?
En abril o mayo nos empezamos a reunir mensualmente por dos temas principales: el de la deuda hospitalaria y cómo introducir aspectos que los proveedores consideramos importantes en los procesos licitatorios, que se diseñaron sin colaboración nuestra. Creo que el ministerio está bien inspirado, pero falta buscar una fórmula real para resolver este problema.
¿Qué falta para eso?
Nos gustaría ver resultados concretos. Hay una sensación de desesperanza, pero estamos dispuestos a seguir conversando con el ministerio, porque queremos que se comprometan a plazos y a soluciones reales.
¿Han acudido a otros mecanismos?
Nos hemos reunido con el Ministerio de Economía para transmitirle dos inquietudes: el atraso de los pagos, que obviamente va en contra de la sostenibilidad de las empresas, y de las buenas relaciones entre privados y el Estado, y lo otro es que en los procesos licitatorios, la cancha está desnivelada a favor del Estado.
¿Por qué?
Los contratos de las licitaciones son prácticamente inmodificables y contemplan multas cuando hay atrasos del proveedor, pero ningún castigo cuando el mandante se demora en pagar. Se nos obliga seguir abasteciendo a hospitales, a pesar de que no nos pagan, y si nos demoramos, se nos multa. Eso lo encontramos inequitativo. Además, la norma que rige desde agosto indica que las multas deben ser una cierta fracción de lo que se está comprando o vendiendo, sin embargo, hemos visto multas que son 23 veces el valor de la facturación y eso es expropiatorio e irracional.
