Acaban de cumplirse cuatro años desde que el Tribunal Constitucional resolviera, en agosto de 2010, analizar la legalidad del artículo 38 de la Ley de Isapres, referido a la fijación del valor de los planes y sus ajustes. Tras una revisión legal, incluidos dos días de audiencias, el estamento decidió derogar la aplicación de tablas de factores de riesgo por sexo y edad en las aseguradoras, por considerarlo discriminador. Al día de hoy, sin embargo, no hay nueva legislación que disponga la correcta forma de calcular los reajustes y, ante la falta de este mecanismo, las cortes de apelaciones enfrentan un inédito fenómeno de judicialización con más de 44.953 litigios presentados hasta julio. El recién asumido presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona -quien fue parte de los ministros que conminaron al Estado a relegislar los ajustes de precio en isapres- advierte que ha habido tardanza en el cumplimiento del fallo, que esta demora está causando injusticia entre los afiliados y que la situación actual podría llevar a los tribunales a un colapso.
¿Qué elemento de la "Ley de Isapres" fue declarado inconstitucional en agosto de 2010?
Declaramos inconstitucional lo que se denomina la tabla de factores, el mecanismo de reajustabilidad de los planes en base al factor edad y al factor sexo. Nosotros consideramos que ambos eran inherentes a la naturaleza humana y por tanto no podían ser un factor de discriminación. El vicio de esa ley es que era discriminadora, porque de acuerdo con los tramos de edad de las personas y su sexo, tienen más demanda, entonces la tabla de factores podía influir el alza de las mujeres en edad fértil o de los hombres más viejos.
¿Por qué ocurrió esto? ¿No se revisó este aspecto de la ley antes de su aprobación?
El mecanismo de reajustabilidad de precios en la isapre fue cambiando, el legislador lo fue ajustando y la última modificación, en 2005, fue la que incorporó la tabla de factores que resultó, a juicio de este tribunal, inconstitucional, y eso abrió la discusión que sigue hasta hoy en torno a cuál es el mecanismo de reajustabilidad de los planes de salud. Sin embargo, nosotros conocemos únicamente las normas que abordan materias propias de ley orgánica y esta era de ley simple, entonces nunca la controlamos preventivamente.
El Tribunal Constitucional derogó la tabla de factores y llamó a regular la materia. ¿Cómo evalúa el cumplimiento del fallo?
Desgraciadamente no se han logrado los consensos adecuados y el efecto de aquello es que se mantiene una alta litigiosidad en el sector, que sería conveniente evitar. Lo que nosotros hacemos es derogar y el vacío que se produzca lo debe ponderar el legislador. El gobierno pasado presentó un proyecto, pero no hubo consenso y este gobierno está buscando otras fórmulas alternativas, con una comisión de expertos. Ojalá se demorara menos, cuatro años es un período largo,
¿Cuál es el efecto de la demora?
El legislador ha tardado en encontrar la fórmula de solución y eso está generando injusticia. Nosotros cumplimos nuestra labor con la declaración de inconstitucionalidad e hicimos un llamado para que se legislara, pero no tenemos el poder de imponer que eso se cumpla.
¿A qué atribuye usted los cuatro años transcurridos sin una nueva regulación de reajustes?
Creo que todos están de acuerdo en que se debe buscar una fórmula de solución que zanje definitivamente estos problemas, pero es difícil, no se ponen de acuerdo los distintos intereses involucrados. Hay voluntad de buscar una buena fórmula, pero no se concilian en un determinado momento todas las voluntades.
Los afiliados aparecen como los primeros afectados...
La gran cantidad de casos que han llegado a las cortes y su difusión han generado que la gente cobre conciencia de sus derechos y reclame. Es bueno que la sociedad reconozca sus derechos y los defienda. Pero hay mucha gente que no reclama y que quizás están asumiendo costos que no tendrían por qué asumir.
Los tribunales también han sido afectados y están tramitando varios miles de recursos de protección de los afiliados.
Nunca los tribunales han estado sometidos a este estrés tan grande. Todo ha sido exploratorio, pero en algún momento el sistema no va a ser capaz de absorber todo el impacto de las causas que van llegando. El sistema va a colapsar si no se encuentra pronto una solución a la reajustabilidad en isapres, porque los tribunales no van a estar en condiciones de resolver la cantidad inmensa de recursos que va a presentar la gente.
¿Cuánto tiempo más puede aguantar el sistema judicial con una carga como esta?
Esto es un fenómeno nuevo, que los profesores y las universidades están estudiando, de cómo crecieron los juicios contra las isapres. Es la primera vez que sucede algo así en la historia de Chile, nunca había ocurrido que sobre un mismo punto se presentaran tantos recursos de protección.
¿Esta judicialización seguirá en aumento si no se legisla?
Todo parece indicar que sí, por diferentes factores. Uno es que para las personas ha sido fácil litigar, porque el abogado se financia con cargo a las costas. La gente comenzó a atreverse a ir a los tribunales a defenderse y los tribunales también han encontrado caminos para facilitar este problema, por ejemplo, han resuelto que al no corresponder el reajuste, la persona no necesita al año siguiente volver a presentar un recurso. La mayor causa de litigiosidad es por reajustabilidad del plan, porque los tribunales dicen que las isapres no han justificado adecuadamente el reajuste. Por eso la fórmula ideal de solución es la del legislador, porque puede zanjar esta situación para siempre y hoy es caso por caso y solo para quien reclame.
