Los presidentes de las comisiones de ética de la Cámara y el Senado, Patricio Vallespín y Hernán Larraín, expresaron hoy que se está buscando poder aumentar las medidas en pro de la transparencia en el trabajo parlamentario.
Ante ello, Vallespín señaló que "debemos avanzar en mejorar y perfeccionar las atribuciones que tenemos en nuestra comisión, para hacer más transparente el Congreso y sancionar las malas conductas en que pueda incurrir algún parlamentario, para llegar incluso, como tienen algunos congresos en el mundo, a suspender y expulsar a quien caiga en falta grave".
"El ideal es lograr que la transparencia sea tal, que la declaración de interés y patrimonio sea tan clara y detallada, que al parlamentario le sea imposible participar en las votaciones en las cuales tenga conflicto de interés, porque la ciudadanía lo sabría de inmediato y la sanción pública sería mayor que cualquier medida que pudiera recibir", expresó.
Al mismo tiempo, recalcó que "en el caso de la Cámara, tenemos varios desafíos que emprender en materia de conflicto de interés, yqa que creo que, por ejemplo, al ver la experiencia de otros países, nos damos cuenta que la declaración de patrimonio e intereses que se aplica al parlamento chileno necesita más detalles, exigencias y estándares mayores".
"También nos parece necesario que junto a la de patrimonio e intereses que hoy se pide, se incluya una declaración de ingresos, para transparentar lo que ocurre en ese campo. Además, debemos analizar si la frecuencia de la actualización es la adecuada, ya que sólo se exige que se haga cuando se asume y cuando exista un cambio trascendente en la situación personal. Esto debería pasar a ser a anual, porque en un año pueden existir muchas modificaciones, que se deben incorporar". añadió.
En esta misma línea, Vallespín planteó que "también tenemos que evaluar que esta comisión de Ética tenga la facultad de revisar, como existe en otros países, las declaraciones de intereses y patrimonio de los parlamentarios y sobre esa base ver si ameritan o no alguna sanción cuando no ellas son incompletas o faltan a la verdad".
"Hoy las sanciones que tiene nuestra ley son bastante bajas, ya que si no se entrega la declaración de patrimonio e intereses en los plazos establecidos, la persona se expone a una sanción máxima de 30 UTM, alrededor de $ 1.200.000 y si no se actualiza cuando hay un cambio importante en el patrimonio, se arriesga a una sanción máxima de 15 UTM. Debemos revisar ese tema", sentenció. Agregó que "en algunos congresos incluso existe y podemos revisar este tema, es que cuando el conflicto de interés se manifiesta en forma evidente, clara comprobada y no hay duda alguna de que hubo omisión o falsedad en la declaración de intereses, procede la suspensión e incluso la expulsión del parlamentario que llega a ese nivel de incumplimiento".
