La Presidenta Michelle Bachelet junto al ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre firmaron ayer el primer proyecto educacional que crea la figura de administrador provisional, a través de una ley corta que busca prevenir posibles cierres de planteles de educación superior y con ello resguardar el derecho a estudiar de los alumnos. Con la iniciativa, se inicia la entrega de un paquete de medidas que se espera completen la reforma educacional que contempla, también, para los primeros 100 días el ingreso de la ley de superintendencia de educación superior. "La educación debe ser un derecho y no un bien de consumo, si queremos ser un país moderno y desarrollado, la educación debe ser un bien garantizado (...), hay que construir un sistema inclusivo", explicó la Mandataria.
Con respecto de las dudas sobre la posible pérdida de autonomía que sufrirían los recintos, la Presidenta señaló que "no se trata de querer interferir con la misión educativa de ninguna institución, se trata de decirle a cada joven que el Estado es garante efectivo en su derecho a la educación".
En la legislación actual (Ley General de Educación) ya existen causales para cerrar una universidad: "Que no sea sostenible financieramente, que esté con operaciones de lucro y otras causales. No estamos innovando (...), lo que estamos haciendo es un paso intermedio que es administrar provisionalmente, ya sea para concluir que es necesario cerrar o, eventualmente, viabilizar que la universidad siga funcionando", explicó Eyzaguirre.
El proyecto ingresará al Congreso con carácter de suma urgencia y busca, entre otras cosas, no volver a repetir el caso de la Universidad del Mar, que tiene orden de cierre para febrero de 2015 y que sería la primera institución en ser intervenida. Esto, porque la figura de interventor se aplicará de manera retroactiva y afectaría al plantel que, actualmente, sigue albergando a más de tres mil alumnos.
"La situación de los alumnos de la U. del Mar no está todavía cerrada. Es una institución que aún tienen vigente su proceso de cierre, por lo tanto contar con este instrumento es de suma urgencia (...). Este proyecto de ley va a aplicar sobre aquellas instituciones que al momento de aprobarse la ley tengan en curso el proceso de cierre", explicó la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga a TVN.
Pese a que está en quiebra suspendida, el plantel continúa funcionando en todas sus sedes bajo la autoridad del rector nacional Patricio Galleguillos. "Es probable que nosotros seamos los primeros (intervenidos), pero es un proyecto de ley y se demorará. Creo que la misiva es una buena medida y lo importante es que tenga financiamiento, porque a nosotros nos pasó que la administración anterior no quiso hacerse cargo del cierre", señaló Galleguillos.
La urgencia del proyecto respondería, también, a los problemas que tiene el grupo Laureate que alberga a las universidades de Las Américas (UDLA) y Andrés Bello (Unab).
"No es que la U. de Las Américas sea la que tiene más problemas, sino que el grupo Laureate representa un nivel de matrícula muy grande, y ese es el riesgo. Si no hay intervención ahora puede quedar otro descalabro como el de la U. del Mar", dice la diputada PPD Cristina Girardi.
La UDLA -que alberga a más de 30 mil alumnos- lleva más de un año siendo investigada por la fiscalía por sospecha de lucro y está en el ojo del Mineduc. El año pasado la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó su acreditación y envió informes al ministerio tras detectar "transacciones entre entidades relacionadas".
