El 26 de diciembre de 2012, el entonces ministro de Educación, Harald Beyer, dio a conocer la noticia: la U. del Mar se cerraría definitivamente. La decisión se tomó tras una larga investigación de parte de la cartera y que hasta hoy repercute en el sistema, en vista de que aún existe un grupo de alumnos que no finaliza sus estudios ni ha sido reubicado.

Este resultado fue lo que alertó a la actual administración a acelerar y confeccionar un proyecto de ley que pretende prevenir este tipo de situaciones. El documento, que el lunes será ingresado al Congreso y se convertirá en el primer proyecto de ley en materia de educación de este gobierno, crea la figura de interventor o administrador delegado que, a diferencia de lo que hasta ahora se ha aplicado, podrá actuar previo al establecimiento de una sanción. Esta ley corta es anexa a la Ley General de Educación (LGE) que faculta a la cartera y al Consejo Nacional de Educación (CNED) a cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una institución de educación superior.

Y si bien hasta ahora sólo existían algunas referencias a cerca de este proyecto, su anuncio ha levantado distintas reacciones. Uno de los aspectos más cuestionados apunta a que la designación de un delegado sin una sanción de por medio atentaría contra la eventual autonomía del plantel, si es que éste la ostentara. Con respecto a esto, fuentes del Mineduc contestaron que con esta modalidad el plantel no perderá su autonomía, esta seguiría ligada a la institución, no así a sus autoridades, potestad que pasará a manos de un tercero, quien ejercerá dicho derecho a nombre de la institución. Asimismo, aclararon que  tampoco se perderán financiamiento como becas y créditos, por ejemplo.

¿En qué consiste la intervención y en qué casos se aplicaría? El proyecto, al que accedió La Tercera, contempla la figura de un interventor en el caso que una universidad, Centro de Formación Técnica (CFT) o Instituto Profesional (IP) esté incapacitado de asegurar la continuidad de estudios de los matriculados y de no poder ofrecer lo acordado, ya sea por razones financieras o académicas. Estas causales se determinarán después de una investigación por parte de las autoridades del ministerio.

Una vez que se decrete el riesgo del plantel, serán las autoridades del Mineduc junto al CNED los encargados de nombrar al interventor, quien deberá ser una persona con "alta experiencia en administración y que no tenga conflictos de interés. Es decir, se debe certificar la idoneidad", aclaran desde el gobierno.

Con esta nueva figura, se pretende garantizar el derecho a seguir los estudios de los alumnos afectados. "Cuando este derecho está en peligro, se interviene", precisan.

El profesional nombrado tendrá el absoluto control de la institución. Por tanto y durante dicho proceso, se desplaza al rector  y a los dueños del plantel hasta que el interventor detecte el problema y proponga a las autoridades un plan de gestión para solucionarlo. El traspaso será por un período acotado, cuya extensión dependerá del problema que deba solucionarse.

PLAN DE MEJORA

La figura faculta al profesional a intervenir  un recinto con toda potestad. Es decir, el delegado estatal podrá tomar decisiones que involucren desde cerrar contratos hasta crear un plan de cierre, si lo amerita, resguardando la finalidad de estudios de los matriculados.

Las misiones del interventor serán investigar, administrar y detectar el problema. Una vez hecho esto,  deberá, también, confeccionar  un plan de mejora. Este documento podrá incluir desde reconstruir ciertos aspectos administrativos y/o académicos del recinto hasta el cierre. De todas formas, la opción  deberá ser presentada a las autoridades del Consejo y del Mineduc. Las autoridades de estos organismos serán, finalmente, las encargadas de decidir qué camino deberá seguir el plantel cuestionado.