"No es posible sostener que la U. del Mar ha dejado de cumplir sus objetivos estatutarios o ha actuado en contra de lo dispuesto por ellos". Así consta en el pronunciamiento que en 2004 emitió el Consejo Superior de Educación (CSE), antecesor del actual Consejo Nacional de Educación, sobre el plantel que ocho años después se convertiría en la primera universidad autónoma en ser cerrada.
El informe del CSE había sido solicitado por el Mineduc, debido al "significativo número de carreras que dicha institución impartía", lo que "podría estar afectando la calidad de la formación de los estudiantes", según un oficio firmado por la entonces jefa de División de Educación Superior del gobierno de Ricardo Lagos, Pilar Armanet.
Según el informe enviado por Armanet a la universidad, entre 2001 y 2004 la matrícula de primer año de la U. del Mar tuvo un crecimiento de 678%.
Considerando ese antecedente, en junio de ese año el ministerio había oficiado al Consejo Superior de Educación para que se pronunciara, invocando el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce). Se trata del mismo artículo que en octubre del año pasado usaría Educación actual para solicitar el cierre. El artículo, que cambiaría de numeral en la refundida LGE, establece por un decreto supremo del Mineduc, y en acuerdo con el consejo, las causales para cancelar la personalidad jurídica a un plantel.
El texto, al que tuvo acceso La Tercera, da cuenta de la situación de la U. del Mar en ese entonces. La matrícula total había pasado de 3.957 a 12.077 alumnos en dos años y la cantidad de programas que se ofrecían había subido de los 17 iniciales a 192.
El número de docentes en ese período no había crecido a la par: sólo llegó a 139%.
Agrega además que la superficie de biblioteca por usuario era "claramente deficitaria" y que en algunas sedes "no alcanzaba a haber un décimo de libro por usuario".
La situación de las sedes ya era crítica. Se agrega que existe una "significativa inequidad en recursos materiales" entre sedes, que "genera una abierta desigualdad para estudiantes que están pagando aranceles similares para una misma carrera".
Tras el análisis, hecho con pares evaluadores, el consejo concluyó que la Universidad del Mar "podría haber dejado de observar y respetar algunos de los objetivos enunciados en el artículo cuarto de sus estatutos" y que "no parece plausible" que pueda cumplir con una "idónea formación profesional a través de la educación e instrucción al más alto nivel", como lo promete su propio estatuto.
Sin embargo, esas mismas conclusiones no fueron suficientes para que recomendara el cierre. En un informe que llegó al Mineduc el 7 de junio de 2004, el consejo señala que "los datos disponibles no son suficientes para emitir juicios concluyentes respecto de la calidad académica de los nuevos programas y las nuevas sedes".
De hecho, el texto advierte que no es posible sostener que la U. del Mar "ha dejado de cumplir sus objetivos estatutarios o ha actuado en contra de lo dispuesto por ellos", por lo que se determinó "no revocar el reconocimiento oficial del plantel".
La ley establece que el cierre de un plantel sólo se puede dar en acuerdo con el consejo. Por ese entonces, el CSE era autónomo, pero su presidente era el ministro de Educación. Por entonces, Sergio Bitar. Si él no iba a las sesiones, asistía en su representación el jefe de la división de Educación Superior, Pilar Armanet. Ni ella, ni el vicepresidente del CSE entonces, Fernando Lolas, accedieron a conversar con La Tercera.
Las denuncias contra el plantel continuarían en los años siguientes.
OTRAS DENUNCIAS
El ex decano de la Facultad de Medicina de la U. del Mar, Francisco Acevedo, presentó una denuncia contra el plantel en 2007, después de haber sido desvinculado tras apoyar una huelga de estudiantes quienes denunciaban la falta de recursos destinados a la carrera. "Me sentía responsable con esos alumnos", dice, agregando que de los 800 millones que generaba la carrera anualmente, sólo la mitad iba destinado a los pagos de sueldos y compra de materiales.
El ex decano hizo llegar su denuncia ese mismo año al Ministerio de Salud, la Cámara de Diputados y la Asociación de Facultades de Medicina de Chile.
Según Acevedo, la única respuesta que obtuvo fue de la entonces diputada Carolina Tohá, quien lo invitó a exponer ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Cámara.
En la sesión, del 30 de octubre de 2007, estaba presente el entonces jefe de la Divesup, Julio Castro. Según consta en las actas de la comisión, Castro señaló que "podría configurarse un atentado contra el orden público que autorizaría al ministerio para ordenar el cierre de la carrera de Medicina en la U. del Mar".
La comisión acordó enviar los antecedentes al Mineduc. Castro, actual rector de la U. de Viña del Mar, no accedió a conversar con La Tercera.