El nuevo ministro Secretario General de la Presidencia explicitó que el énfasis de su gestión será sacar adelante los proyectos de ley vinculados a educación que actualmente se tramitan en el Congreso. Específicamente se refirió a la reforma a la educación superior -que incluye gratuidad-, desmunicipalización de la educación pública y la reforma a las universidades estatales.

Este apuro de parte del gobierno choca con las críticas que han recibido esos proyectos de parte de los distintos actores, como las observaciones que han hecho expertos, rectores de universidades públicas y privadas, como asimismo los estudiantes respecto a la reforma de la educación superior; también desatiende los cuestionamientos de distintos alcaldes que se han opuesto a dejar de administrar sus establecimientos educacionales, y la reacción de la comunidad de la Universidad de Chile respecto de la reforma a las universidades estatales.

En este contexto, se ha visto apertura del gobierno para modificar sus proyectos con el fin de asegurar su aprobación. Esta flexibilidad no debe significar que, por conseguir el hito comunicacional que significaría aprobar alguna de estas reformas, se ceda ante las presiones de diferentes grupos de interés que terminen debilitando el contenido de propuestas que ya han sido criticadas por no ser un real aporte a los perfeccionamientos que requiere nuestro sistema educativo. A su vez, la oposición no debe caer en la ingenuidad de creer que aprobando proyectos de ley equivocados -y además alejados de su ideario- significará tener menos flancos abiertos durante un eventual próximo gobierno. Por el contrario, si claudica en mejorar los proyectos en discusión, las consecuencias negativas impactarán durante la próxima administración y se perderá la oportunidad de generar propuestas alternativas que sean técnicamente más adecuadas.

Los ejemplos de lo anterior son elocuentes. En el caso de la desmunicipalización, parlamentarios están presionando por apurar su puesta en marcha con lo que se corre el riesgo de generar problemas en la transición entre uno y otro sistema. De este modo, una implementación descuidada respecto al régimen laboral de los profesores y quién se hará cargo de las deudas que muchos municipios mantienen con éstos, probablemente terminará en manifestaciones. Por otro lado, si se desdibuja la reforma a los gobiernos corporativos de las universidades estatales -el aspecto más valioso de dicho proyecto de ley- la probabilidad de que las universidades estatales terminen con la captura interna que muchas de ellas sufren y logren elevar su calidad y atraer mayor matrícula, posiblemente se desvanezcan.

Considerando que quedan menos de cinco meses para el receso legislativo y que en dicho lapso debe discutirse el presupuesto y se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias, la agenda del nuevo ministro parece demasiado ambiciosa. Es de esperar que tanto el gobierno como la oposición no antepongan criterios políticos de corto plazo por sobre la posibilidad de tener políticas públicas que mejoren decididamente falencias del sistema educativo y que sean cuidadosas en su implementación.