La comisión de recomendación priorizada de la Ley Ricarte Soto entregó ayer martes su propuesta de priorización definitiva para tratamientos de alto costo para ser incluidos en el próximo decreto de la normativa que debe regir desde enero, y que aumentará los actuales 14 problemas de salud cubiertos por la ley.

Se trata de tratamientos para tumores neuroendocrinos, cáncer gástrico, angioedema hereditario, hipoacusia sensorial severa profunda bilateral postlocutiva, distonía generalizada, además de exámenes para mucopolisacaridosis, Gaucher y Fabry que ya son parte de la normativa desde 2016.

La instancia, conformada por 14 integrantes, entre médicos, pacientes y especialistas además de representantes del Ministerio de Salud, realizó la priorización de tratamientos tomando en cuenta la evaluación científica de más de 40 problemas de salud, y utilizando criterios como los efectos deseados del tratamiento, el costo anual unitario por cada paciente, y la certeza en la evidencia existente.

Esa priorización definitiva de parte de la comisión será puesta en consulta pública durante cinco días hábiles, periodo en el cual pacientes y especialistas podrán hacer sus observaciones o impugnaciones en los casos de tratamientos que fueron evaluados pero no priorizados, por lo tanto el número final podría ser modificado.

"Son cinco días hábiles para poder opinar respecto de cada uno de los problemas, podrán efectuar comentarios o recusaciones si es que hubiera alguna. Posteriormente termina ese proceso, se analiza la información y si hubiera algún antecedente que fuera relevante se va a considerar para poder ser un aporte y finalmente colocar la priorización como corresponde", explicó la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Posterior a los cinco días de consulta habrá cinco más, en los cuales el Ministerio de Salud revisará las observaciones y elaborará una nueva propuesta para que los ministros de Hacienda y Salud tomen una decisión respecto de qué se incluye en el nuevo decreto, documento que tras ese proceso será ingresado a Contraloría. Dado que quedan sólo diez días para finalizar el año, es probable que el decreto cuente con un retraso en su entrada en vigencia.

Al respecto, la diputada Independiente Karla Rubilar, manifestó que "está bastante retrasado el proceso del tercer decreto de la ley. No ha sido lo suficientemente transparente como pensamos. El tema ha sido cuestionado respecto al tiempo que han tenido las comisiones para evaluar, por lo tanto es un decreto que no va a cumplir las expectativas que teníamos. Hay organizaciones que denuncian que con evidencia contundente están quedando fuera, entonces podemos decir que el proceso no es lo suficientemente participativo y transparente como hubiésemos esperado".

Margarita Orellana de la Agrupación Nueva Vida Cáncer de Mama, indicó que apelarán la resolución, dado que su organización buscaba la ampliación de tratamientos que ya existen en la ley. "En los últimos años ha habido un gran avance en tratamientos para las mujeres en etapa metastásica, aumentando claramente el tiempo de sobrevivencia y calidad de vida", explicó.

Mientras que Tatiana Corbeaux directora ejecutiva de la Fundación Oncológica Oncoloop que postuló con cáncer de pulmón, patología por la cual falleció el periodista Ricarte Soto quien lideró la marcha de los enfermos, indicó que "vamos a ver la posibilidad de apelar para saber cuáles fueron los criterios para haberlo dejado fuera de la priorización, los que hasta ahora no nos quedan claro. La gente se está muriendo por cáncer de pulmón y si pudieran tener acceso a inmunoterapias, se podrían salvar", sostuvo.