Cada vez son mayores las voces que apuntan a retomar la idea de aplicar compensaciones económicas y sociales, más allá de las mitigaciones medioambientales, para las localidades en las que se instalarán proyectos eléctricos y mineros.
Durante el gobierno de Michelle Bachelet, el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, trató de impulsar un proyecto de ley que buscaba que las generadoras pagaran un impuesto a los municipios por las unidades instaladas en una determinada comuna.
Luego, en la actual administración, el ex titular de la cartera Ricardo Raineri, intentó reflotar una iniciativa legislativa similar y luego el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, manifestó el interés de avanzar en un proyecto que regulara la entrega de compensaciones económicas parte de las empresas.
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que anuló la aprobación por parte del Comité de Ministros del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de Endesa ha vuelto a poner en el debate la alta judicialización y la dificultad de avanzar en la construcción de proyectos eléctricos y mineros.
En este escenario, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado (RN), Baldo Prokurica, entregó la semana pasada al subsecretario de Energía, Sergio del Campo, una moción que apunta que el Ejecutivo nuevamente trate de impulsar un proyecto de ley que aborde esta idea.
Actores privados de los sectores eléctrico y minero han destacado la importancia de generar una relación más cercana con las comunidades locales en que se instalan estos proyectos a través de una eventual regulación de las compensaciones, propiciando una inserción más temprana de la empresa en la comunidad y una definición clara de los impactos de la iniciativa desde su origen.
René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile, asevera que en las empresas del sector hay una creciente preocupación por la relación con las comunidades y que también a nivel del gremio, están avanzando en la creación de una pauta de sustentabilidad, porque en la discusión, "la gente no distingue entre las empresas A y Z".
En este sentido explica que la idea es que "los esfuerzos que individualmente están haciendo las compañías en esta materias, podamos mostrarlos como un compromiso mayor de la industria".
Jorge Lagos, gerente de Medio Ambiente de Transelec, concuerda en que, si bien, está establecido que las medidas de mitigación medioambiental deben ser aplicadas en el entorno en que se generan los proyectos, adicionalmente las iniciativas que se puedan tener en materia de responsabilidad social, también deberían ser implementadas en el entorno inmediato.
"Creo que ese tipo de iniciativas ayudaría a mejorar la relación de los titulares de los proyectos con las regiones donde se encuentran", estima Lagos.
Asimismo, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, resalta la importancia del trabajo del titular del proyecto en la génesis de éste, específicamente, en lo concerniente a la relación con la comunidad.
"Lo que sí soluciona el problema es la búsqueda de una comunicación y un trabajo conjunto con las comunidades desde el inicio del proyecto, durante su ejecución y la vida del mismo", indica.
Sin embargo para Villarino no es tan obvio que una concentración de las compensaciones en las localidades sea beneficiosa, pues estima que dependerá de la capacidad de gestión de las autoridades de la comunidad.
"En el caso de Canadá, existen unos resultados positivos, pero hay que tener en cuenta que tiene una estructura tributaria y administrativa distinta a la de Chile. Hay otros lugares como Perú, en que se ha aplicado y que no ha sido del todo beneficioso, porque se han generado grandes fondos de recursos para las regiones, pero no hay capacidades de gestión de los mismos. Dejar o no que un porcentaje de la utilidad del proyecto se quede en la región, nos parece que es un mecanismo que hay que analizar", recalca.
En tanto René Muga considera que la concentración de las compensaciones en las localidades es un complemento de la interacción temprana del titular del proyecto con la comunidad.
"(El planteamiento de las compensaciones locales) Hay que volver a ponerlo a discusión. Tiene que ser acompañado en todo caso de otras medidas que vayan construyendo confianza entre las empresas y las comunidades. Tiene que haber también una actitud distinta de todos los actores, una lógica de valor compartido en las inversiones y de anticiparse a una opinión negativa de la comunidad sobre la inversión a través una inserción temprana de la empresa en ella con un proceso rápido de información", afirma Muga.
Ignacio Toro, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, destaca otro aspecto que tiene relación con que los titulares de los proyectos detecten los impactos en etapas tempranas de tal manera que durante la revisión del mismo se discutan las mejores medidas de mitigación.
"Si los proyectos incorporan los impactos significativos de forma transparente, sin esconderlo, lo que se genera es un espacio propicio para que las comunidades sean más beneficiadas a través de desarrollo conjunto de las medidas de mitigación y compensación", apunta Toro.
