"Tómense las próximas dos semanas de vacaciones". La instrucción fue precisa. La pronunció Michelle Bachelet a sus futuros ministros y subsecretarios en el cierre de la doble jornada de trabajo en Termas de Jahuel, el viernes pasado. En dicho encuentro, el primero con su gabinete ministerial, la presidenta electa fijó metas y entregó un cuidadoso diseño de instalación de su gobierno. El plan incluía dos semanas de retiro, el regreso de todos los nuevos funcionarios la tercera semana de febrero y un plazo máximo para la constitución de cada uno de los equipos ministeriales antes de la asunción del 11 de marzo.
Si bien el cronograma se entregó a las nuevas autoridades aun cuando ya había estallado la polémica con la designación en la Subsecretaría de Educación de la economista pro DC Claudia Peirano, el diseño no contemplaba un plan de acción para enfrentar eventuales contingencias. Ni siquiera la existencia de un vocero.
La última vocería la hizo la propia mandataria electa el mediodía del domingo pasado, desde su residencia de veraneo en el lago Caburgua. Pese a respaldar, entonces, a Peirano y asegurar que se había chequeado la "idoneidad" y "probidad" de todas las futuras autoridades, la renuncia el martes de la fallida subsecretaria, además de la aparición de cuestionamientos a otros dos subsecretarios (Bienes Nacionales y Agricultura) y las críticas internas activadas en el caso de las designaciones de intendentes en las regiones de Tarapacá y Atacama, desató la primera crisis del futuro gobierno en ausencia de la mayoría de sus figuras claves.
Si bien hasta ahora el primer conflicto -el de Peirano- había sido gestionado directamente por el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en conjunto con el próximo titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, desde el lunes que las acciones han sido más bien improvisadas, según reconocen integrantes del nuevo gobierno.
De hecho, la propia decisión de Peirano de desistir de su nombramiento fue la última puesta en escena del equipo de Bachelet, que incluyó la aparición en completo silencio de Eyzaguirre junto a la fallida autoridad.
Ese mismo día estallaron dos conflictos que encontraron a los nuevos funcionarios de La Moneda de vacaciones.
Primero fue el caso del dirigente radical Miguel Moreno, designado en la Subsecretaría de Bienes Nacionales, quien había enfrentado un proceso por ofensas al pudor en 2011, tras ser acusado de manoseos a una mujer en el Metro. Fue condenado a pagar una multa y, tras aceptar los cargos, se le suspendió la sentencia, tras lo cual fue sobreseído definitivamente.
La revelación de los antecedentes levantó un revuelo público que generó airadas reacciones de todo el arco político, incluso en la Nueva Mayoría, pidiendo, más que explicaciones, su salida.
Se deslizó públicamente la necesidad de canalizar la desafección de Moreno.
En cambio, en el caso del dirigente DC Hugo Lara, designado subsecretario de Agricultura, quien enfrenta procesos civiles y penales por supuestos ilícitos económicos, éste recibió el respaldo de su colectividad, aunque fue llamado a transparentar su situación (ver recuadro).
En medio de la ausencia de prácticamente todo el gabinete, las riendas las tomó el próximo subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. El dirigente socialista fue el encargado de comunicarse con las dos futuras autoridades, a quienes dio una orden expresa: entregar todos los antecedentes de sus conflictos y no dar declaraciones públicas. Desde el martes, Aleuy se concentró en definir una estrategia para enfrentar ambas polémicas.
Pese a estas gestiones, la falta de coordinación con la Nueva Mayoría es evidente: tanto el presidente del PS, Osvaldo Andrade, como el presidente (S) de la DC, Fuad Chahín, pidieron a Moreno que enfrente públicamente sus acusaciones, contrariando las instrucciones de Aleuy, quien hasta ayer mantenía contacto directo con los involucrados.
