La Procuraduría de Colombia abrió ayer una investigación disciplinaria contra 18 funcionarios del gobierno, incluido el ministro de Agricultura y su antecesor, al parecer implicados en la adjudicación irregular de subsidios agrícolas por US$3,8 millones.

La decisión de la entidad que se encarga de vigilar a los funcionarios al servicio del Estado, involucra a Andrés Fernández, a su antecesor y aspirante a la presidencia de Colombia Andrés Felipe Arias, además de otros 16 funcionarios.

En la eventualidad de que los funcionarios sean encontrados culpables de actuaciones irregulares podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos, incluyendo los de elección popular, lo que bloquearía la carrera política de Arias.

La adjudicación de subsidios agrícolas es el más reciente escándalo que sacude al gobierno del Presidente Alvaro Uribe, quien aún no ha anunciado ni rechazado la posibilidad de ser candidato en las elecciones de 2010 para buscar su segunda reelección inmediata.

"Se trata de una etapa o de otro ritual más avanzado dentro de la investigación", dijo a periodistas la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda.

"Estamos examinando las presuntas irregularidades para determinar más adelante si emitimos pliego de cargos, no sólo contra este ex funcionario y el funcionario actual, sino contra 16 personas más", explicó.

ESCANDALO GOLPEA IMAGEN DE URIBE
La popularidad de Uribe bajó a un 64% y el respaldo a un referendo que lo habilitaría para su segunda reelección cayó a un 52 por ciento, como consecuencia del escándalo por el presunto caso de corrupción, de acuerdo con un sondeo de la firma Invamer-Gallup de noviembre.

El escándalo se conoció en octubre cuando medios de comunicación y políticos de la oposición denunciaron que millonarios recursos del presupuesto fueron adjudicados a través de subsidios agrícolas a personas con poder económico y a empresas que apoyaron la primera reelección de Uribe y que están a favor de su continuidad en el poder.

La oposición ha cuestionado la entrega de millonarios recursos con el argumento de que campesinos de diferentes regiones del país ni siquiera tienen acceso a créditos del Gobierno para producir o ampliar sus cosechas.

El presidente Uribe ordenó a los funcionarios de su Gobierno exigir la devolución del dinero que se entregó, luego de que los adjudicatarios supuestamente cometieron maniobras fraudulentas para acceder a los recursos.

"Esto es un proceso normal que se debe llevar. Una cosa es que se abra una investigación y otra que se acuse a alguien, simplemente se han llamado a unos funcionarios. Somos un libro abierto y estamos prestos a colaborar", dijo el actual ministro de Agricultura quien se salvó a mediados de noviembre de una moción de censura en el Senado.

Adicionalmente, la Fiscalía General abrió recientemente una indagación preliminar contra 41 beneficiarios de los controvertidos subsidios agrícolas que generaron el escándalo político que llevó al presidente a ordenar su revisión.