Ninguno de los 665 fiscales del Ministerio Público podrá poner un pie en las salas de juego de los casinos que operan en el país ni probar suerte en las máquinas tragamonedas o en las mesas de ruleta. Tampoco jugar póquer, Black jack o Bingo. Nada.
El fiscal nacional, , dictó un instructivo interno que prohíbe a los fiscales y otros funcionarios de la institución asistir a los 12 recintos de juegos que funcionan a lo largo del territorio para realizar apuestas.
El documento, vigente desde el pasado 24 de junio, se basa en un artículo de la propia Ley de Casinos que prohíbe la realización de apuestas a los funcionarios públicos y municipales, "que en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos".
El documento establece que los funcionarios que no cumplan con la prohibición se arriesgan a una multa que fluctúa entre los $ 110 y los $ 550 mil. Además, según el instructivo, puede constituir una causal para terminar el contrato de trabajo o destitución del cargo.
De acuerdo al instructivo, el criterio para determinar a los funcionarios del Ministerio Público que quedaron sujetos a la prohibición "radicó en identificar directa o indirectamente a quienes administran recursos públicos o de particulares, lo que, de alguna forma, los puede situar en una situación de mayor vulnerabilidad".
Así, la restricción afecta a todos los funcionarios del Ministerio Público que administran fondos de cualquier naturaleza, a los fiscales adjuntos, regionales y al propio fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Del mismo modo, a todos los gerentes de recursos humanos de las fiscalías, de informática y encargados de unidades de víctimas y personas que trabajan en la custodia de las especies recuperadas de delitos.
Según algunas fuentes consultadas, la idea de prohibir el ingreso de fiscales y funcionarios del Ministerio Público a los casinos comenzó a diseñarse durante la gestión del ex jefe del Ministerio Público Guillermo Piedrabuena, quien hizo ver la inconveniencia de que los fiscales asistieran a salas de juego tras detectar algunos casos. Durante 2008, la industria de los casinos en el país generó ingresos brutos por US$ 25,8 millones.
La restricción dictada por Chahuán es sólo para las salas de juego y no a los restaurantes u hoteles de los casinos. No afecta a otros juegos de apuestas como la hípica.
Respecto al instructivo, Alan Céspedes, presidente de la Asociación de Casinos de Chile, sostuvo que "me parece bien, entendiendo que es una articulación extensiva de la Ley de Casinos en relación a la norma a los funcionarios públicos (...). Lo que no me parecería bien es que la prohibición fuera por el sólo hecho de ser casinos de juegos. Somos una empresa regulada, con fiscalización".
Fuentes de tribunales indicaron que esta prohibición no tiene validez en el Poder Judicial. El instructivo ha generado molestia en algunos fiscales, que prefirieron no identificarse, señalando que los casinos no son lugares ilícitos y que la medida es exagerada.
El fiscal Mauricio Lártiga, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que la instrucción será acatada, aunque la están analizando para hacer algunas observaciones. "Está en estudio la posibilidad de conversar con el fiscal nacional para hacerla menos extensiva y dejarla a los funcionarios que efectivamente manejan fondos públicos", sostuvo.
