Los abogados Catherine Lathrop, Eduardo Picand, Rafael Gómez y Miguel Chaves fueron propuestos como procuradores comunes en la causa que se lleva contra Alberto Chang, fundador del grupo Arcano, y su madre, Verónica Rajii.

Cabe recordar que el pasado 9 de junio se propuso que un solo abogado representara a los más de 60 querellantes que presenta la causa. Sin embargo, tras negociaciones entre los juristas, se decidió que fueran estos cuatro quienes los representaran.

"Para implementar de mejor forma lo resuelto y con el objeto de salvaguardar los intereses de todos los querellantes lo adecuado es que dicha función procesal sea desempañada por indistintamente por 4 de los más de 60 abogados querellantes, sin perjuicio que para efectos de intervenir en las audiencias no comparezcan más de dos de ellos y de que los demás asistan a las mismas para apoyar dicha labor", dice el escrito presentado esta mañana al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que debe ser proveído. El juez que vea dicha solicitud también podría rechazar la propuesta y sólo designar a uno de los cuatros, o incluso a otro.

"Cada abogado querellante seguirá manteniendo un trato profesional con sus respetivos clientes, de modo que la pluralidad de procuradores comunes permite realizar un mejor servicio profesional en el interés general de todos los querellantes", dice el escrito.

Apelan a libertad de Rajii

En otra arista, esta mañana el abogado querellante Rafael Gómez apeló al arresto domiciliario total y arraigo nacional que la semana pasada otorgó la justicia a la mamá de Alberto Chang, Verónica Rajii, en reemplazo de la prisión preventiva.

Uno de los argumentos que utiliza es que "la gravedad de la pena asignada sí es fundamento para sustentar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la sociedad".

En el escrito, Gómez explica que "resulta improcedente dejar sin efecto la prisión preventiva a pretexto que 'el desvalor del resultado de la conducta antijurídica es menor', si del mérito de la investigación la conclusión es absolutamente distinta, basta darse cuenta que en la formalización Su Señoría consignó expresamente que 'se ha creado toda una maquinación para defraudar a las víctimas' y en consecuencia, el desvalor a que alude la resolución recurrida carece de fundamentación para efectos de revocar la prisión preventiva".

Además, indica que la resolución que dejó con arresto domiciliario a Rajii habla de una colaboración con la investigación, lo que es refutado por Gómez. "Resulta absolutamente inaceptable considerar que estamos frente a una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, si esta investigación se encuentra en pleno desarrollo y cuya vigencia es de 8 meses", consigna el escrito.