Con el fin de evitar la judicialización de los divorcios de mutuo acuerdo, el senador PS Juan Pablo Letelier, propuso a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, un mecanismo extrajudicial para quienes tramitan divorcios de mutuo y que permitiría solucionar de una forma más expedita los conflictos derivados de la separación de las parejas que no tienen hijos menores de edad en común.
La iniciativa pretende evitar que el Estado haga funcionar todo el mecanismo jurisdiccional, en desmedro de otras causas. "La solución consiste en el otorgamiento de una escritura pública por parte de los solicitantes, quienes deben señalar en ella la causal de divorcio, la procedencia o no de compensación económica, su monto y forma de pago en el evento de proceder y la liquidación del régimen matrimonial si procede", sostuvo el legislador socialista.
Este escrito deberá contener las exigencias de contenido señaladas anteriormente para ser autorizada por el correspondiente notario. Una vez autorizada la escritura pública, deberá subinscribirse al margen del acta matrimonial correspondiente, momento en que comenzará a producir sus efectos jurídicos la declaración de divorcio respectiva.
El parlamentario señaló que "nuestro actual ordenamiento jurídico establece la necesidad de intervención judicial para la declaración de los divorcios relativos a matrimonios contraídos bajo nuestras leyes, situación que hace necesario hacer funcionar todo el aparataje jurisdiccional del Estado para obtener la solución final, que no es más que la sentencia judicial que disuelve el vínculo matrimonial de los recurrentes".
Asimismo, precisó que "los nuevos tribunales de familia tienen un alto número de causas que no permiten un funcionamiento expedito de los mismos, debido a gran número de presentaciones que se realizan en los señalados tribunales".
Sin perjuicio de lo anterior, puntualizó que "es evidente" que en algunas presentaciones o solicitudes es indispensable la intervención jurisdiccional del Estado, debido a la naturaleza de los derechos que son materia de controversia, como sería el caso de la tuición de un menor, fijación de pensión alimenticia y derecho de visitas.
