Proponen que policías vigilen dependencias de la fiscalía

"Requerir a Carabineros o Gendarmería que disponga las medidas de resguardo necesarias en dependencias del Ministerio Público".

Esa es una de las modificaciones a la Ley Orgánica de la fiscalía que está incluida en el proyecto que buscará aumentar la protección para los fiscales y establecer sanciones para quienes atenten contra ellos. Esta iniciativa se presenta luego de que en mayo pasado, en el Juzgado de Garantía de Collipulli, una turba ingresara a la sala de audiencias y agrediera a un persecutor.

El proyecto fue entregado hoy por el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, y el senador Felipe Harboe (PPD), a la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott.

"Lo que vamos a hacer ahora será pedirle una audiencia al gobierno para que ojalá patrocine el proyecto", explicó el senador Harboe, quien trabajó la iniciativa junto a los fiscales regionales Raúl Guzmán, Eugenio Campos y Julio Contardo.

El parlamentario agregó que en aquellos puntos en que se requieran recursos será necesario contar con el apoyo del Ejecutivo.

Guzmán, en tanto, destacó que "este es un paso muy importante en lo que significa la consolidación de la institucionalidad del Ministerio Público, porque contar con normas penales adecuadas para el resguardo de los fiscales es de suma importancia no solo para el país, sino que para la propia institución".

En ese contexto, el proyecto establece una serie de penas de reclusión y multas para quienes causen daños "en el patrimonio de un fiscal en razón de su cargo o con motivo u ocasión de sus funciones".

Guzmán, quien comenzó a trabajar el tema a fines de 2015 con los fiscales Campos y Contardo, advirtió además que uno de los puntos más importantes es que las medidas de seguridad no solo serán para los fiscales, "sino que también a los demás intervinientes y particularmente a los abogados asistentes que participan de ciertas actuaciones en el ejercicio de sus funciones".

Tras recibir el proyecto, el fiscal Abbott celebró las propuestas.

"La amplia publicidad del proceso penal trae aparejadas dificultades que exponen a riesgos que el Estado tiene la obligación de asumir. Agradecemos el trabajo entre el senador y los fiscales y queremos promoverlo tanto en el Congreso como en el gobierno, a fin de que pueda dársele algún tipo de urgencia, además de su beneplácito, pues este es un proyecto que requiere inversión de recursos", dijo.