El sábado de la semana pasada el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, inició una gira por España y Francia para recabar información sobre inteligencia y combate al terrorismo.

El viaje se produjo en el marco de la decisión del gobierno de reformar el sistema de inteligencia, y coincidió con la colocación de artefactos explosivos como el que estalló en el Subcentro del Metro Escuela Militar a inicios de septiembre.

Durante la gira, en la que participó el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, Peñailillo  pudo revisar borradores con los cambios a la legislación antiterrorista que prepara una comisión de ocho abogados especialistas a cargo de Juan Pablo Hermosilla. Una de las novedades sería la derogación de la actual Ley Antiterrorista,  que fue elaborada por el régimen militar y data de 1984.

Ayer el grupo de juristas  sostuvo lo que sería su última reunión de trabajo, ocasión en la que se repartieron los borradores. Luego Hermosilla se juntó con Peñailillo, que venía llegando desde París, para analizar las modificaciones.

Paralelo al periplo del ministro, desde Santiago los equipos del ministerio se desplegaron también en el trabajo para modificar la Ley Antiterrorista, socializando los avances con parlamentarios de la Nueva Mayoría.

El jueves en la mañana Hermosilla se reunió con representantes de la DC: el jefe de bancada de los diputados Matías Walker y su par Gabriel Silber, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

Ese día en la noche el presidente del PC, Guillermo Teillier, sostuvo un encuentro con asesores de Interior.

En las distintas reuniones  se analizaron algunos de los ejes de lo que será la propuesta de la comisión para replantear la ley, que ha sido modificada varias veces en democracia.

Según fuentes oficialistas y de La Moneda, la propuesta incluiría derogar la Ley Antiterrorista y cambiar el Código Penal, que sería reforzado con nuevos instrumentos para combatir al terrorismo. Además, y según las mismas fuentes,  se busca dotar de mayor eficacia a la ley, simplificando la figura de delito terrorista.

La propuesta apunta también a adecuar la legislación al contexto actual, incorporando la idea del "terrorista solitario", una figura que fue aprobada ya a nivel legislativo en Francia y que rige dentro de la ley en España.

En el gobierno se ha puesto particular interés en revisar la manera en que la figura de la asociación ilícita  será contemplada en la nueva normativa,  con la idea de simplificarla y hacerla acorde a  la realidad actual. Esto, ya que por ejemplo, en el caso de grupos anarquistas, se pueden dar casos de personas que no necesariamente tienen una relación, pero que sí se identifican por coincidencias ideológicas y que se comunican a través de redes sociales. 

Pero la modificación a la legislación antiterrorista, requerirá cambios a la Constitución, considerando que la normativa aparece nombrada tres veces en la Carta Fundamental.

Para eliminar una de esas referencias se requerirá del voto de 80 diputados y 25 senadores. Lo anterior obligará a La Moneda a buscar apoyo transversal y asegurar respaldo de la Nueva Mayoría, lo que explica las reuniones de los últimos días.