"Que mal están haciendo las cosas algunos en la Segpres, filtran proyecto de ley sin aprobación de la Presidenta, inconsulto y con vicios de inconstitucionalidad". Este fue el mensaje que publicó en Twitter a primera hora de ayer el senador y presidente de la comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), luego que el martes se hiciera público uno de los borradores del proyecto de financiamiento electoral que prepara el gobierno y que, de acuerdo a La Moneda, debe ser ingresado a tramitación en las próximas semanas.

Las palabras del senador por el Bío Bío Cordillera fueron rechazadas por la ministra de la Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, quien se limitó a asegurar que Harboe opinaba sobre una información que no era oficial.

Más allá de este impasse, desde la propia Nueva Mayoría surgieron ayer una serie de dudas y reparos respecto a los alcances del proyecto, los que radican principalmente en la decisión del Ejecutivo de limitar los territorios en que los candidatos podrán desplegar sus respectivas publicidades electorales, información que el lunes fue expuesta por la propia ministra Rincón en un foro del Centro Democracia y Comunidad (CDC). "Estamos discutiendo la posibilidad que la ley establezca espacios restringidos y delimitados para la publicidad en la calle", dijo entonces.

Así, el diputado DC Fuad Chahín aseguró ayer compartir la intención del Ejecutivo de acotar los gastos y mejorar la fiscalización, pero advirtió que "prohibir la propaganda en espacios públicos puede terminar generando un efecto indeseado. Los (candidatos) desafiantes quedan en una situación de desventaja".

En esta misma línea, el senador PS, Carlos Montes, cuestionó esta posible limitación territorial argumentando que es complejo dejar en manos de los municipios la administración de la publicidad electoral: "Respecto de la propaganda en espacios públicos, hay que darle una vuelta, de hecho, es lo más barato. No puede quedar sujeto sólo a la decisión del alcalde".

Los cuestionamientos a esta medida no sólo se limitaron a parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Al ser consultado respecto de una eventual inconstitucionalidad en estas medidas, el abogado constitucionalista, Fernando Atria, dijo a La Tercera: "Regulaciones de ese tipo, en principio podrían ser aceptables, pero también podrían ser formas de abuso, podrían ser una forma de restringir campañas a favor de candidatos que desafíen a candidatos que van a la reelección".

En esta misma línea, el abogado Miguel Angel Fernández comentó: "La propaganda electoral es el ejercicio de la libertad de expresión y, por lo tanto, me atrevería a decir que, probablemente, puede el legislador establecer algunos límites, pero estos tienen que ser muy cuidadosos". Y agregó que "el límite territorial es precisamente el límite del ejercicio del derecho de libertad de expresión".