Organizaciones de desempleados, partidos de izquierda y sindicatos se manifestaron en Buenos Aires en repudio al violento desalojo de cientos de familias de un predio privado en la norteña provincia de Jujuy, que causó la muerte de tres civiles y un agente de seguridad.

Los manifestantes, encabezados por la organización "piquetera" (de desempleados) Corriente Clasista y Combativa (CCC), marcharon por varias calles de la ciudad para después concentrarse frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, donde cuestionaron el accionar de la policía de Jujuy y a las autoridades de esa provincia.

Las víctimas del desalojo ocurrido ayer en terrenos de la empresa azucarera Ledesma, cercanos a la localidad jujeña de Libertador General San Martín, recibieron impactos de bala. Además, hubo 60 heridos, entre civiles y policías, de los cuales seis permanecen hospitalizados, según indicó al canal de televisión Todo Noticias el ministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani.

Las más de 500 familias que habían ocupado el predio estaban lideradas por la CCC, que afirmó que la represión policial fue "brutal". Indicó que los ocupantes se encontraban allí "de forma pacífica" esperando que se cumpliera con la entrega de los terrenos.

Los efectivos policiales indicaron por su parte que no usó balas de plomo, sino de goma y "antitumulto".

En tanto, en la capital de Jujuy distintas organizaciones sociales también se manifestaron frente al departamento central de policía y ante la sede del gobierno provincial, en cuyas fachadas realizaron pintadas.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández repudió "los hechos de violencia" y pidió a la justicia un "inmediato" esclarecimiento de lo ocurrido. En un comunicado, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, reclamó además que "se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez" de Jujuy "que ordenó la medida" de desalojar el predio.

La oposición y organismos de derechos humanos criticaron a los gobiernos nacional y provincial por lo ocurrido.Por los incidentes renunció en la noche del jueves el ministro de Gobierno de Jujuy, Pablo La Villa, y el gobernador de la provincia Walter Barrionuevo, aliado del gobierno nacional, cesó a los responsables del operativo policial. En ese distrito norteño se registran graves problemas de vivienda.