Cada día, cerca de 3,2 millones de raciones alimenticias son entregadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a 1,7 millones de niños vulnerables de todo el país. De este total, la asociación gremial NutreChile entrega el 70% de meriendas y almuerzos que se reparten a diario.

Sin embargo, debido a una deuda de más de $ 30 mil millones que las 21 empresas asociadas a NutreChile reclaman a la Junaeb, la agrupación indicó que la alimentación escolar podría estar en riesgo. Si se considera el total de la industria, con las 28 concesionarias de alimentos que operan con la Junaeb, esta deuda supera los $ 35 mil millones.

"Estamos arriesgando la alimentación escolar de todos los niños, porque las empresas ya no dan más. El conflicto ya está a punto de reventar", señala el abogado y presidente de la asociación, Darío Calderón.

Debido a esta situación, NutreChile decidió emprender acciones judiciales contra el Estado a través de cinco juicios. Eduardo Barbé, gerente general de la asociación, explica que el primero se inició en agosto de 2011 y corresponde a problemas originados en una licitación de 2006 y 2007, y el último comenzó en junio de este año y tiene relación con las multas que han recibido.

"Junaeb no tiene deudas pendientes con ninguna empresa proveedora. Lo que existe es una pretensión intentada por el gremio NutreChile y que actualmente se encuentra sometida al conocimiento de los tribunales de justicia. No se puede hablar de deuda mientras los tribunales de justicia no se pronuncien", señala el director nacional de la institución, Jorge Poblete. "La seguridad y viabilidad del programa de alimentación jamás han estado ni estarán en riesgo", agrega.

ORIGEN DE LA DEUDA

Calderón explica que el precio de las raciones se corrige por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero que, a su vez, hay una cláusula en los contratos que sostiene que si el Indice de Precios de Alimentos (IPA) supera en más de 10 puntos al IPC en un plazo no menor a seis meses, el Estado debe pagar ese diferencial.

Según Calderón, pese a que se configuró ese escenario en 2006, el Estado no canceló el diferencial. Agregó que en el 2010 se zanjó temporalmente la deuda, asumiendo sólo el 50% del monto que se adeudaba, que en ese tiempo eran cerca de $ 10 mil millones.

Desde Junaeb, Poblete indica que la deuda "que en ese momento había se pagó", y que la existencia o no de una deuda posterior "lo tendrán que resolver los tribunales de justicia". Agregó que "la modalidad para hacer adecuación de precio cambia con las nuevas licitaciones".

SUPERVISION Y MULTAS

Según el gremio, otro eje de los juicios es dilucidar si el Estado debe reembolsar a las concesionarias cuando éstas incurran en gastos superiores a los contemplados en los contratos de licitación. En el gremio aseguran que tras la creación del seguro de invalidez y sobrevivencia, donde hubo que pagarles a las manipuladoras de alimentos, el reembolso no se concretó.

Barbé afirma que debido a las mayores exigencias sanitarias y de infraestructura, durante el 2012 y este año se han aplicado multas a NutreChile cercanas a $ 6 mil millones. Al total de la industria, la cifra ascendería a $ 8 mil millones. Por ejemplo, la ausencia de budineras plásticas podría alcanzar una multa de $ 320 mil; los fogones sin perilla, $ 3 millones, y por la falta de algunos alimentos, como tomates, la infracción llegaría al millón de pesos.

Sostiene que estos castigos se producen "porque la infraestructura que tenemos (para realizar la actividad) no es nuestra. Donde funcionamos son colegios que han adecuado sus instalaciones a un comedor y cocina, y esa infraestructura es de responsabilidad de los sostenedores y de las municipalidades". De hecho, cerca del 70% de estos colegios no contaría con resolución sanitaria, de acuerdo con un informe que NutreChile entregó al Estado. La entidad agregó que contar con esta resolución supondría una inversión en torno a los $ 100 mil millones, mientras que el presupuesto asignado por el Fisco en 2013 para estos efectos alcanzó a $ 6 mil millones, monto que el proyecto de erario 2014 reajusta en sólo 1,6%.

Según Poblete, "los procesos de supervisión y multas de Junaeb separan los incumplimientos de responsabilidad del prestador con los del sostenedor (...). Las áreas de responsabilidad del prestador y donde se levantan los incumplimientos son los recintos de cocina, patios de servicios y bodega".