A tribunales, al igual que una decena de vecinos y locatarios de Providencia, podría llegar la municipalidad de esta comuna para exigir el pago de $ 470 millones que tuvieron que desembolsar para hacer frente al desborde del río Mapocho, ocurrido el 17 de abril de 2016.
Así lo señaló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se basó en un balance sobre gastos, elaborado y enviado en noviembre de 2016 a la empresa Sacyr, una de las firmas que se ha tenido que hacer responsable de pagos por daños.
Sacyr es la constructora que contrató la concesionaria Costanera Norte para edificar parte del plan de mejoramiento vial Santiago Centro-Oriente, y cuyas faenas, realizadas en el lecho del río, habrían conducido el caudal aumentado hacia la vía pública.
"Son gastos directos de bienes que eran municipales y otros en los que tuvo que incurrir el municipio por motivo de la inundación. Ha pasado prácticamente un año desde la emergencia, y cuatro meses (desde que se envió el oficio) y uno no ve una respuesta satisfactoria, por lo tanto, estamos estudiando todas las vías alternativas legales a las que vamos a acogernos", aseguró la alcaldesa.
Respecto de los posibles responsables, Matthei dijo que puede haber responsabilidades en "el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en Costanera Norte o Sacyr. Hay una investigación que realiza la Contraloría y que ya estaría señalando responsabilidades, pero no es tema de mi competencia. Lo que digo es que este municipio incurrió en costos y pérdidas elevadas, y obviamente queremos una restitución de esos montos".
En el mencionado oficio, la municipalidad detalla, por ejemplo, un desembolso de más de $ 12 millones por la compra de sacos de arena, palas y mascarillas. Por la reposición de áreas verdes incurrió en un presupuesto de más de $ 3 millones; gastó otros $ 11 millones para realizar la demarcación de algunas avenidas, y más de $ 412 millones por daños a semáforos y espiras en al menos cinco cruces de la comuna.
Multa y pagos
La alcaldesa también se refirió a la multa de 200 UTM, $ 9.200.000 aproximadamente, aplicada por el MOP a la Costanera Norte, por tener el servicio de la vía expresa suspendido tras la emergencia, y señaló que "los daños no se producen porque estuvo sin funcionamiento una determinada vía, se produjeron porque hubo una inundación, y eso pasó porque, al parecer, no se hicieron las obras necesarias para asegurar que el río no se iba a salir en caso de una crecida tan alta. Los $ 9 millones son una burla".
El coordinador de Concesiones del MOP, Eduardo Abedrapo, aclaró que la sanción está explicitada en el contrato con la concesionaria y que dichos acuerdos datan de hace 15 años, "venían con un esquema de multas, a nosotros sólo nos corresponde aplicar", dijo.
Asimismo, dijo que el pago de esta multa no exime a la empresa de compensar a los afectados y que, a la fecha, "entre la concesionaria, la contratista y las compañías de seguro han pagado más de 200 mil UF, es decir, sobre los $ 5 mil millones".
Sobre posibles cambios en el esquema de multas en el futuro, explicó que "este tipo de situaciones nos lleva a corregir, a tomar la experiencia para saber si podemos tipificar de mejor manera las multas y si es conveniente aumentar el monto de las mismas".