Ingresos permanentes para gastos permanentes. Esa es una de las máximas que se ha aplicado como política fiscal en Chile desde hace 17 años, cuando el gobierno de Ricardo Lagos implementó por primera vez la regla de superávit estructural. Esta normativa de disciplina fiscal permitió al país rebajar su deuda pública desde el 13% del PIB hasta un 3,9% en 2007, el punto más bajo en los registros históricos, momento desde el cual el indicador empezó a repuntar lentamente a lo largo de la siguiente década.
Hoy, las bondades de la regla fiscal en el país se han eclipsado en parte, luego de que la deuda bruta avanzara hasta 21,1% del Producto a septiembre de 2016, y se espera que supere el 30% hacia 2020. Mirando a corto plazo, el déficit efectivo de las arcas fiscales para financiar los gastos ya comprometidos alcanza $ 1.175.348 millones para el período entre 2018 y 2020, aproximadamente US$ 1.790 millones.
Esto, de acuerdo a cálculos de la propia Dirección de Presupuestos (Dipres), institución que reconoció en su informe de finanzas públicas para 2017 que "para cada año del período 2018-2020 se verifica que se debe reducir el gasto respecto del ya comprometido para poder cumplir con la meta propuesta de convergencia". Dicha meta, consiste en ir reduciendo el déficit estructural en 0,25 puntos porcentuales año tras año, lo que llevaría el actual déficit de largo plazo desde un 1,5% del PIB hasta un 0,8% a fines de esta década. En términos efectivos, el objetivo es ir recortando el déficit desde -3,3%% este año a -1,5% en 2020.
En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, este nulo espacio de holguras fiscales para un mayor gasto público cobra especial relevancia, punto que debería ser reconocido en el discurso de los distintos candidatos, de acuerdo a expertos del área económica.
Según Hermann González, miembro del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda y economista de BBVA Research, "no hay espacio para iniciativas adicionales de gasto público si se quiere mantener la reducción del déficit, considerando, además, que los supuestos macroeconómicos son optimistas". En este sentido, el economista advirtió que el crecimiento proyectado por el Ministerio de Hacienda es optimista frente a la visión del mercado, ya que en 2018 el Ejecutivo adelantó que habría un crecimiento de 3,25%, mientras la encuesta de expectativas del Banco Central apuntó a un 2,5%. En tanto, para 2019 el informe de la Dipres adelantó un incremento del PIB de un 3,5%, pero el Banco Mundial proyectó que Chile crecería un 2,5%, lo que repercutiría negativamente en los ingresos fiscales.
Alternativas
Ante este complicado escenario, Jorge Hermann, economista y director de Hermann Consultores, planteó que existen cuatro alternativas para el nuevo gobierno, si pretende llevar adelante su propia agenda de gasto.
La más favorable sería que "el nuevo gobierno haga énfasis en disminuir la incertidumbre regulatoria, ayudando a recomponer las expectativas del sector empresarial. Eso podría aumentar la inversión y el consumo, generando mayor crecimiento y recaudación". Una segunda opción es que se realice una reasignación presupuestaria, si bien advirtió que "esto es complejo de realizar, porque ya hay personas dentro de la sociedad que están recibiendo los beneficios de los gastos gubernamentales".
Por otra parte, la nueva administración podría revisar la posibilidad de subir la carga tributaria en el país, de manera de recaudar más recursos, si bien Hermann afirma que es poco recomendable. "La carga para las empresas ya es bastante alta, sobre el promedio de la Ocde", sostuvo el economista, remarcando, además, que países desarrollados, como EE.UU. y Reino Unido, tienen planes de cortar su gravamen corporativo. Con esto, el experto afirmó que "el único camino sería subir los impuestos a las personas, reduciendo el tramo exento para contribuyentes de bajos ingresos, y subir la tasa máxima (hoy en 35%)". Finalmente, el próximo gobierno podría instalar una regla fiscal más laxa, que permita reducir el déficit estructural más lentamente, aunque esto podría llevar a una baja en la calificación de riesgo de Chile (ver secundaria).
Viendo este abanico de posibilidades, Andrés Zaldívar, senador DC y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, planteó que "cualquier gobierno que llegue a La Moneda debe buscar la forma de reasignar las partidas y gastos. No creo que el país vaya a tender a otra reforma tributaria, si estamos recién con la que se aprobó y entra en régimen en 2018".
En este sentido, Zaldívar manifestó que la responsabilidad y disciplina fiscal deberán ser parte fundamental del debate presidencial este año, indicando que "cualquier candidato que sea responsable, debe realzar la compleja situación que tenemos hoy en crecimiento económico. Es fundamental".
Asimismo, Ernesto Silva, diputado UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, enfatizó en que "el debate tendrá que elevar el estándar. Si se tienen propuestas, se debe señalar cómo se logran. No se puede vender la pomada". Así, afirmó que "en ese sentido, la diferencia entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier es del cielo a la tierra". Además, Silva hizo un llamado al Ejecutivo para que tome la delantera en materia de recortes de gasto y pidió que se "sincere" el escenario futuro en base a supuestos de crecimiento "más realistas".
El senador RN José García-Ruminot criticó también el alto nivel de deuda pública que registrará el Fisco hacia 2020, y adelantó que "el próximo gobierno tendrá que tener la valentía de tener que cortar programas y disminuir otros, con el propósito de lograr holguras que puedan financiar sus propuestas". En esta línea, dijo que "cuando uno escucha la proclamación de Alejandro Guillier como candidato, la primera pregunta que surge es cómo va a financiar esas distintas propuestas. Las cifras son clarísimas de que la restricción es total".
Por su parte, Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, remarcó que "los compromisos programáticos deben ser financiables, con los números que tenemos sobre la mesa", agregando que "nosotros tenemos una definición de responsabilidad fiscal (...). No hay espacio para la demagogia". Asimismo, Velasco manifestó que "la regla fiscal es parte del patrimonio del país. Debemos mantenerlo". Con todo, el presidente del PRSD explicó que las medidas que se propongan se tomarán con acuerdos en la coalición de centroizquierda, si bien remarcó que "debe ponerse el acento en el crecimiento económico".