La integración de los trabajadores independientes al sistema de pensiones será un tema que volverá a enfrentar Sebastián Piñera en el marco de su segundo mandato presidencial.
Inicialmente, a contar del 1 de enero de 2018 estos trabajadores -que emiten mensualmente boletas de honorarios- se verán obligados a pagar cotizaciones previsionales por el 100% de sus ingresos imponibles. Para quienes no efectúen sus aportes durante el año, el cobro se hará efectivo en la operación renta de abril del año siguiente.
En 2012, durante la primera administración de Piñera, y de acuerdo con lo establecido en la reforma previsional de 2008, se inició de forma gradual y voluntaria la incorporación de independientes al sistema, lo que debía hacerse obligatorio a partir de 2016, pero que la actual administración postergó para 2018, lo que nuevamente podría sufrir algunas modificaciones.
¿Por qué? Porque según fuentes cercanas al próximo gobierno, este tema, además del fortalecimiento del pilar solidario, sería la base de una eventual propuesta de pensiones del futuro gobierno.
Gradualidad
En el caso de los independientes, la idea de la nueva administración sería mantener la obligatoriedad que rige desde el año tributario 2018 -es decir, eliminar el derecho a "renuncia" que se ha mantenido desde 2012-, pero graduar el monto sobre el cual se calcularán las cotizaciones previsionales anuales, por ejemplo, partiendo con el 20%. Además de ello, "cambiaría la prioridad en el destino de las cotizaciones", según afirman.
Ello, en el contexto en que se prevé muy compleja la imposición de la obligatoriedad de cotizar a estos trabajadores frente, además, a un inminente aumento de las cotizaciones obligatorias, que tanto bajo la propuesta del gobierno de Michelle Bachelet, actualmente en el Congreso, como la del programa de Piñera contemplan un incremento de 5% y 4%, respectivamente.
Hasta ahora, la integración voluntaria de estos trabajadores al sistema ha sido baja y solo un promedio de 25% de quienes de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberían cotizar por su condición de independientes (un universo en torno a 1,1 millones), efectivamente lo ha hecho, mientras que el resto ha renunciado cada año. Por lo mismo, la administración de Bachelet incluyó en el proyecto que se debate en el Congreso un ajuste a la norma vigente.
De esta manera, la iniciativa contempla que si bien los independientes "deberán cotizar para pensiones, por el 100% de su renta imponible a partir del año siguiente al de publicación de la ley", también "podrán optar por cotizar por un porcentaje inferior de su renta, el que aumentará gradualmente en un período de seis años hasta alcanzar el 100%".
Sobre el 5% adicional, en tanto, establece que los independientes "estarán sujetos a la gradualidad que aplicará al resto de los trabajadores", es decir, 1% el primer año y 0,8% cada año posterior, en un período de seis años. Solo se excluye a los trabajadores independientes hombres de 55 años o más y mujeres desde los 50 años.
Asimismo, establece que la obligación de cotizar el 7% para salud y el Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales regirá para estos trabajadores "a contar del 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley".
Definición incierta
Todos temas que están, en todo caso, en vilo mientras no se apruebe el proyecto del Ejecutivo que crea el Nuevo Ahorro Colectivo-donde se aborda este tema- y que según el propio gobierno, muy probablemente no vea la luz antes del cambio de mando.
Por eso, aunque algunos cercanos a la administración actual estiman que a Piñera "le convendría" aprobar dicha iniciativa, ya que "dejaría la tarea hecha", restando presión a la puesta en marcha de la disposición de la obligatoriedad, el incierto destino de la iniciativa de la administración Bachelet hace que los equipos técnicos de Piñera analicen una propuesta propia.
Dentro de las razones está, además, el descontento que la medida podría generar en el sector público, debido al importante número de trabajadores a honorarios que prestan servicio al Estado. De hecho, en los últimos años el gobierno ha incrementado paulatinamente el volumen de trabajadores a contrata, en torno a ocho mil por año, de modo de liberar las eventuales presiones en el grupo de trabajadores a honorarios del Estado.
En todo caso, cabe consignar que se estima que el total de independientes a honorarios que trabajan para el Estado en forma permanente es de alrededor de 60 mil.
