Una tercera iniciativa, desde 2007, avanza en el Congreso para sancionar los rayados no autorizados en  propiedades privadas y públicas. Esto, tomando en cuenta que actualmente no existen reglas de aplicación general, sino sólo normas de aseo y ornato contenidas en  ordenanzas municipales distintas entre sí.

El nuevo proyecto de ley, que entró a la Cámara de Diputados el pasado 12 de junio, señala la necesidad de "establecer normas de aplicación general, claras y unívocas, que permitan sancionar estas conductas (de rayar), que provocan daños en los inmuebles públicos, privados y bienes de valor patrimonial". La iniciativa busca sancionar con penas que van desde 61 a 540 días de cárcel, además de establecer un multa de 5 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quienes realicen estos rayados. Además, se establecen agravantes en caso de que la propiedad sea patrimonio histórico.

Sin embargo, el proyecto, ideado por el diputado Daniel Farcas (PPD) junto a otros nueve parlamentarios, establece también una "regla especial de responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores". ¿La razón? "Que en muchos casos la responsabilidad en estos hechos recae en menores de edad y el sistema jurídico chileno  (...) requiere de un tratamiento especial (para ellos)".

Según Farcas, "buscamos que los padres se hagan responsables de las acciones de sus hijos". Respecto de las multas para los tutores, el parlamentario sostuvo que "eso tenemos que trabajarlo en función de cómo hoy se están desarrollando los procesos de compensación, en el sentido de cuántos recursos están invirtiendo los municipios y los actores públicos y privados en recomponer estos destrozos".

Consultadas algunas municipalidades sobre cuánto dinero invierten en reparar este tipo de daños, Santiago señaló que desde el 3 de febrero al 16 de julio se habrán gastado $ 133 millones en limpiar cerca de 48 mil metros cuadrados. Entre las propiedades afectadas se encuentran la Catedral Metropolitana, los liceos Miguel de Cervantes y Luis Amunátegui y los puentes Pío Nono y Matta. Ñuñoa, en tanto, indicó que mensualmente gasta $ 3 millones para desmanchar 620 puntos que pueden ir de medio metro cuadrado hasta los 10 m2. Y el municipio de Providencia informó que gasta $4 millones al mes en borrar las pinturas de dos mil m2. En el caso de Maipú, anualmente gastan $ 20 millones en 200 tinetas de látex al agua para borrar rayados desde paredes. Según el presidente de la Asociación de Municipalidades, Christian Vittori, "es importante que el país avance en una legislación que permita conservar nuestro patrimonio y los espacios públicos urbanos".

Para el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, los "rayados que no están en lugares adecuados (...) producen una sensación de desorden urbano, de degradación del espacio y pérdida de control sobre el mismo. Provocan un cambio en el comportamiento de los usuarios, porque propician la violación de las reglas".