Para marzo, mes en que retoma sus funciones el Congreso y asume la nueva administración bajo el mando de Sebastián Piñera, quedó pendiente el proyecto de ley que regula la actividad acuícola en el país, y que hoy es clave para el rescate de la industria salmonera.

Si bien la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite la mayoría de los artículos que fueron despachados desde el Senado durante la jornada previa, rechazó tres dispociones relativas a las hipotecas y al tema laboral, que obligarán a zanjar las diferencias en Comisión Mixta, la que debiera ser convocada durante la primera semana de marzo.

Así, pese a que la intención original del gobierno era dejar aprobada esta iniciativa antes del receso parlamentario de verano -que comienza mañana-, para dar certeza al sector, los votos en contra de los diputados de la Concertación postergaron su eventual despacho.

"Lo más grave de lo que ocurrió hoy (ayer) es que no tenemos ley y esto se fue para marzo", dijo el diputado Carlos Recondo (RN), quien integrará la Comisión Mixta.

LOS PUNTOS RECHAZADOS
La iniciativa establecía que se puede constituir hipoteca sobre una concesión o autorización de acuicultura y el Senado modificó tal disposición precisando que la hipoteca se extendería a los derechos de uso y goce que otorga la concesión, entre otros aspectos y esos cambios fueron justamente los rechazados por la Cámara de Diputados.

"No es que se haya rechazado la hipoteca, sino que los agregados que se hicieron en el Senado y que son de toda lógica. Por ejemplo, en la Cámara Baja se dijo que en las hipotecas podrían participar sólo los bancos y en el Senado se agregó a un 'tercer acreedor'; si en la Cámara de Diputados se dijo que la hipoteca debía prepagarse en tres años, el Senado precisó el procedimiento. Son cosas de ese tipo, no es algo sustancial y lo más probable es que en la discusión de la Comisión Mixta se reponga", explicó el secretario ejecutivo de la mesa del salmón, Felipe Sandoval.

Más complejo, estima Sandoval, será el debate de la Comisión Mixta en materia laboral. Los diputados rechazaron la norma modificada por el Senado, que establecía la no renovación -versus la caducidad- de la concesión a quien acumulara tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos. Diputados del PS como Fidel Espinoza y Clemira Pacheco, pidieron la votación separada del  artículo, ya que a su juicio la propuesta del Senado implicaba un retroceso respecto de la caducidad  que se había planteado en la Cámara Baja por la misma falta.