Proyecto de acreditación busca evitar conflictos de interés

Dejar establecidas en la ley una nueva gama de situaciones que inhabiliten a los integrantes de la futura agencia pública y procurar así reducir los conflictos de interés son parte de los objetivos del proyecto de ley que el Gobierno enviará hoy al Congreso, con el que busca realizar profundos cambios al proceso de acreditación de las instituciones de educación superior.

Así lo señaló el ministro de Educación, Harald Beyer, quien anunció que hoy se realizará la firma del proyecto y será enviado al Congreso, sin urgencia.

El ministro precisó que el proyecto que reemplaza a la actual Comisión Nacional de Acreditación tiene inhabilidades "mucho más precisas". "Por ejemplo, ahora, teóricamente, pueden hacer consultorías en una universidad. En el caso de este proyecto de ley, no podrán hacer consultoría en ninguna universidad", explicó el ministro.

Otro detalle que especificará la ley, dijo Beyer, es que los futuros integrantes de la agencia pública "van a poder hacer clases, pero eso es muy específico, en una sola institución, y en el caso de que se vea esa institución, se tienen que inhabilitar".

La ley actual dispone que quienes forman parte de la comisión deben ser académicos, pero inhabilitarse si tienen una relación laboral, forman parte de la junta directiva o consultiva de una casa de estudios.

Sobre el hecho de que el proyecto ingrese sin urgencia, el ministro argumentó que "queremos que se discuta razonablemente bien, dependiendo de la voluntad vamos a ir avanzando con las urgencias".

El proyecto además estipula la obligatoriedad de la acreditación, que actualmente es voluntaria. También elimina el sistema de acreditación que daba entre uno y siete años, obligando ahora a un plazo único de seis años y establece 12 estándares para lograr la acreditación.

También propone que la acreditación de carreras e instituciones ya no sean procesos paralelos, pues se impondría una acreditación institucional integral, donde la agencia pública se encarga de acreditar las carreras de Pedagogía y Medicina, además de un conjunto aleatorio de programas que confirmen el nivel de la institución de educación.

"Es un proyecto que contiene un cambio sustancial al actual sistema de acreditación, con mayor independencia para la nueva agencia, con criterios distintos para acreditar a las instituciones, con exigencias más claras, más precisas, más rigurosas también. Creemos que será una contribución", recalcó el ministro.

CNA hará públicas sus votaciones

El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, anunció ayer que la CNA decidió revisar su código de ética y que comenzarán también a hacer públicas las votaciones al interior de la comisión. Esto, ya que actualmente las actas sólo mencionan la decisión final de la comisión y no dan detalles respecto a la postura de cada uno de los 15 comisionados.

Los antecedentes fueron dados a conocer ayer, cuando el presidente de la CNA expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se analiza el funcionamiento de la CNA luego que la fiscalía formalizara a Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, y a los ex rectores de la U. del Mar y de la U. Pedro de Valdivia, por supuesto pagos para conseguir las acreditaciones.

Koljatic pidió "confianza" y dijo que con el contralor Ramiro Mendoza acordaron que serán apoyados por este organismo para mejorar los procesos en la CNA.

Sobre el proyecto de acreditación, Koljatic advirtió que en su concepto, la certificación debería ser sin costos, "como en el resto del mundo". El actual presidente de la CNA también señaló que el número de cinco personas para integrar el consejo de la agencia pública es muy bajo y propone siete, ya que cree que puede faltar quórum cuando los integrantes deban inhabilitarse.