"Esperamos participar en debates, seminarios y, por supuesto, en el Parlamento, para expresar nuestros argumentos y colaborar con la mayor información hacia la ciudadanía y a nuestros legisladores". Así lo afirmó ayer el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, quien defendió la postura contraria a la despenalización de la interrupción del embarazo que tiene dicha casa de estudios. Ello, tras la polémica que se generó al plantear que los profesionales de la Red UC que están disponibles para realizar abortos deberán ir a trabajar a otro lugar.

Sánchez señaló ayer que "nuestra universidad ha redactado documentos sobre el tema producto del trabajo interdisciplinario de sus académicos, los que han sido enviados a los parlamentarios y al Ejecutivo". Así, la autoridad remarcó la importancia de la "objeción de conciencia", derecho que tienen los médicos de negarse a realizar un determinado acto clínico, si éste va contra sus valores.

El rector -quien además es médico pediatra- aseveró que remitió el documento denominado "Aporte de la UC al debate nacional sobre despenalización del aborto" a diversos sectores y también a los rectores de universidades tradicionales para ampliar la discusión.

El informe -publicado en diciembre pasado- fue elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, expone la visión de la casa de estudios frente a la iniciativa enviada, en el ámbito de la salud y ética. En el estudio, se plantea que se debe "cuidar la vida desde sus inicios" y también cita al Tribunal Constitucional que -según la autoridad universitaria- ha planteado que el individuo antes de nacer ya es "sujeto de derecho".

En tanto, los profesionales de la Red UC- Christus, dieron un apoyo cerrado a la autoridad académica. Mauricio Besio, gineco-obstetra de la institución y vocero de los centros de salud, señaló que "si hay médicos que no tienen objeción de conciencia, pienso que sentirían incómodos trabajando acá. Toda entidad tiene un ideario y una persona está allí cuando está de acuerdo con éste. Si parece que algo está mal en su conciencia, tratará de cambiarlo y, si no puede, se sentirá libre de irse". Agregó que en esta red trabajan 70 gineco-obstetras, especialistas facultados a hacer este tipo de procedimientos, los que no realizarán estas prestaciones porque adhirieron a la declaración de principios de la entidad. En total, los once recintos de salud del plantel tienen 1.500 médicos.

INVITADO

El proyecto de ley ingresará por la Cámara a una comisión que aún no se define. La diputada Karla Rubilar (Amplitud) señaló que la autoridad "debe ser invitada y citada para conocer su postura. Es muy necesario".

El senador Francisco Chahuán (RN) dijo que "cuando llegue esta iniciativa a la Cámara Alta, invitaremos especialmente al rector Sánchez. Así puede aclarar dudas y entregar sus argumentos". Añadió que "es un mal proyecto porque esto es un genocidio silencioso". De hecho, afirmó que enviará una indicación a la propuesta que explicite que la objeción de conciencia puede ser "personal, pero también institucional".