Después de los resultados de la PSU y el proceso de postulación, vienen los resultados de las becas y créditos que ofrece el Estado para financiar el arancel de las carreras. Pero en pleno período de cambios, y a meses de que el Ministerio de Educación ingrese un proyecto que cambiará la institucionalidad del sistema y que apostará a la gratuidad universal en educación superior, surgen preguntas en torno a qué pasará con las becas que los estudiantes tengan con antelación al nuevo sistema o si habrá acceso a beneficios paralelos.
El documento en el que se trabaja hace varios meses en el Mineduc, y a cuyo contenido tuvo acceso La Tercera, contempla iniciar la gratuidad gradualmente. Se espera que la iniciativa, anunciada en el programa de gobierno, comience en 2016 y parta por un grupo de instituciones de educación superior, las cuales tendrán que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, alcanzar un mínimo de años de acreditación -el cual será obligatorio bajo un sistema de gratuidad- y adscribir un compromiso público que incluirá, entre otras cosas, aceptar el arancel regulado que propondrá el gobierno y contar con un alto número de alumnos que sea parte del 70 por ciento más vulnerable del país.
Para llevar a cabo la idea, el gobierno pretende fijar los aranceles. Según trascendió, la idea es que la carrera de Medicina, por ejemplo, cueste lo mismo, independiente de dónde se ofrezca. Una vez que comience la gratuidad, beneficiará, inicialmente, a los alumnos más vulnerables, para que en un plazo de cuatro años se alcance la gratuidad total en los planteles que se inscriban desde un comienzo.
Para el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, "hay grandes consensos respecto de la complejidad y efectos negativos que trae una política de gratuidad universal. En ese sentido, la idea de perfeccionar las becas y crédito cobra mayor relevancia". Actualmente, los alumnos que estudian en una de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), por ejemplo, acceden a becas con mayor cobertura que aquellos que se matriculan fuera de las 25 tradicionales.
Según la propuesta del Ejecutivo, un alumno que sea beneficiario del subsidio tendrá un límite de cursos que podrá reprobar y la gratuidad contemplará sólo los años que dure formalmente una carrera, más un año de gracia. La idea, según fuentes cercanas a La Moneda, es que la gratuidad vaya junto a otros requisitos a cumplir, de modo que no se sufra el tormento que vive hoy Argentina, donde muchos alumnos que estudian gratis pasan hasta 15 años sin terminar la carrera.
Si bien el experto y académico de la U. Diego Portales José Joaquín Brunner no está de acuerdo con la idea de implementar gratuidad universal, explica que "es de toda racionalidad que el beneficio se acote a un número de años y que los beneficiarios sólo lo sean mientras muestren esfuerzo real".
Aquellos estudiantes que pertenezcan a los quintiles de ingresos más altos o se hayan retrasado más allá de lo estipulado por el Ejecutivo, podrán acceder, en compensación, a un crédito que les permita continuar con los estudios. En este diseño ya trabaja el Mineduc y busca tener tasas de interés bajas y que sea contingente al ingreso. Una mezcla entre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario. Este beneficio se extenderá sólo para los jóvenes matriculados en planteles que asuman el compromiso, ya sean nuevos o antiguos.
Una vez que esté la gratuidad implementada, el alumno dejará de pagar por sus estudios. La garantía, eso sí, no es retroactiva, por lo que los compromisos crediticios adquiridos en años anteriores deberán ser respetados.
LOS QUE QUEDAN AFUERA
Como la gratuidad será implementada sólo en aquellas instituciones donde las autoridades adscriban los requisitos demandados por el gobierno, los planteles que queden fuera no recibirán dineros nuevos por parte del Estado. Entonces, ¿qué pasará con los alumnos antiguos que ya cuentan con becas y créditos? Los beneficios para estos estudiantes se mantendrán y esto será parte de la transición. Pero no se subsidiará a nuevos estudiantes de esos planteles.
Respecto de cuánto le costaría al Estado implementar la política, trascendió que los montos estudiados están en torno a los US$ 3 mil millones al año. Esto sólo por concepto de docencia, no investigación ni otros gastos de los planteles, ya que éstos llegarían por otra vía.
A Brunner le hacen sentido los montos calculados. Sin embargo, explica que "me parece que destinar esa cantidad es un error cuando se están postergando gastos esenciales en educación escolar. Se piensa terminar peso a peso con el copago en un plazo de 20 años, podrían hacerlo antes si no apostaran por la gratuidad".
Esta postura es compartida por el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez: "Si se avanza en gratuidad universal se ayudará a ingresar al sistema prioritariamente a alumnos del quinto quintil, donde la mayoría ya asiste. En vez de apoyar al primer quintil, donde sólo el 15% ingresa a educación superior". Sánchez agrega que es necesario focalizar los recursos y "la educación técnico-profesional (donde asisten en su mayoría alumnos de los tres primeros quintiles) necesita más apoyo. Esos estudiantes tienen becas que cubren menos, pese a que las carreras son más baratas".
