Una nueva ley auspiciada por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tiene en vilo a las cámaras empresariales de ese país. Se trata de un proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre nuevas puertas para que el Estado confisque empresas y bienes.
Según Chávez, que cada domingo ahonda en la nueva ley explicando sus alcances en el programa Alo Presidente, lo que su gobierno pretende es hacerse con el control de los medios de producción del país creando "empresas de producción social" o confiscando empresas privadas "capitalistas".
Aunque la bancada chavista que controla el congreso venezolano, subraya que la ley permitirá a las "comunidades" gestionar las empresas, esto abre la puerta para que el Estado intervenga las empresas privadas.
Sin ir más lejos, el último año Chávez convirtió 12 mil firmas de contratistas de la empresa estatal de petroleo, PDEVESA, en "empresas de producción social". Esto gracias a una nueva Ley de Contrataciones Públicas y otra nueva legislación, aprobada en mayo, que faculta al Estado negociar todos los contratos vinculados a la extracción de hidrocarburos.
Esto se suma a que, mediante decretos, Chávez ordenó la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones y de la industria de cemento. La última compra estatal fue de la filial venezolana del Banco Santander, que le otorga al Estado el dominio el 25% de la banca llanera.
Si bien la constitución permite la posibilidad de que el Estado declare de utilidad pública y expropie la propiedad privada, mediante esta nueva Ley de Propiedad Social el gobierno tendrá facultades para "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes (...) para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población".
El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo podrá decretar la expropiación forzosa, mediante "justa indemnización".
REPAROS
El proyecto despertó gran inquietud en Venezuela. Las encuestas recientes, incluso las encargadas por el Gobierno, reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.
Ante la presión de la opinión pública, la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, que está a cargo de la redacción de la ley, elaboró decenas de proyectos: un total exacto de 42, según el diputado chavista Ulises Daal, coordinador del equipo técnico que trabaja esta materia.
Pero en todos hay un espíritu que se mantiene: "En la medida que empresas no cumplan su verdadero objetivo de participar activamente en el proceso económico, (...) claro que el Estado estará en la obligación de tomar los correctivos para encauzarlas, por cualquier vía, para que respondan a los intereses de la población venezolana", dijo el 28 de junio el diputado Daal, en una entrevista al diario caraqueño El Universal
SINDICATOS
Por eso, el Gobierno también se planteó sustituir a los sindicatos por "comités socialistas de trabajadores" con los que el Estado-patrón sí estaría en disposición de negociar contratos y salarios.
Una figura a la que también se refirió el martes el ministro Rafael Ramírez: "Los comités socialistas son una línea del comandante Chávez, son una línea de nuestro partido. No puede haber ninguna empresa bajo control estatal que no tenga comité socialista. Quien no tenga comité socialista es sospechoso de estar conspirando contra esta revolución".
