Una pena de hasta cinco años de cárcel podrían arriesgar las personas que, sin justificación, realicen un disparo al aire. Esto, con el objetivo de reducir el número de víctimas por efecto de las "balas locas".
Así lo establece el proyecto de ley sobre el Control de Armas, que ya fue aprobado por el Senado y que ahora deberá ser debatida por la Cámara. Se espera que el gobierno le ponga urgencia a esta medida, pues se enmarca dentro de su propuesta de agenda corta antidelincuencia.
La iniciativa legal apunta a incrementar las penas de los ilícitos en que se use un arma de fuego, así como incrementar las restricciones para autorizar la tenencia de estos artefactos. Además sancionará a quienes utilicen artefactos explosivos o incendiarios para cometer delitos.
l senador PPD Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, indicó que "este proyecto ya se aprobó en la sala del Senado. Va a generar un cambio profundo, en materia de regulación y uso ilegal de armas de fuego. Por primera vez, el gobierno, el Parlamento y el Senado, han concordado que le va a salir mucho más grave a un delincuente utilizar armas de fuego en un delito".
Según explicó el parlamentario, "con esta nueva ley se establece que si una persona comete un delito de robo por fuerza u homicidio, va a tener la pena asignada a ese delito, pero, adicionalmente, si el delito lo comete con arma de fuego, tendrá dos condenas por dos penas distintas. Una por la tenencia ilegal de arma de fuego, y otra por el delito base".
Según el documento que elaboró el Senado, con esto se buscará eliminar "una práctica asentada en los tribunales, consistente en estimar que el arma de fuego es un mero medio para la comisión de un delito", motivo por el cual los jueces estiman que no se debe condenar a la persona por el porte ilegal del arma de fuego cuando cometen el ilícito.
Harboe señaló que con esta nueva indicación "se van a acumular las penas. Además, se suspenderán los beneficios. Si alguien está favorecido con la ley 18.216 (de penas alternativas), no podrá gozar de esta oportunidad en un año. Al ser condenas más altas, menos personas van a poder optar a beneficios".
El segundo cambio importante tiene relación con las personas que disparen en o hacia la vía pública. "Se establece penas privativas de libertad para quienes realicen esto, independiente que haya resultado personas heridas o no", indicó el parlamentario.
La tercera innovación apunta a la sanción penal para las personas que coloquen, envíen o arrojen artefactos explosivos o incendiarios. "Si alguien lanza una bomba incendiaria o coloca un artefacto explosivo, tendrá pena privativa de libertad", dijo Harboe. Esto se puede aplicar, entre otros casos, a los delincuentes que hagan detonaciones para robar cajeros automáticos.
La iniciativa establece que si esta acción se realiza en un lugar de libre acceso al público, la pena será de 10 a 15 años de cárcel. Si es en un lugar cerrado, el tope será de 10 años.
ELECTROSHOCK
En el plano administrativo, el proyecto establece que deberán someterse al control de la Ley de Armas los bastones eléctricos y las armas que provocan electroshock, por el daño que pueden causar.
Para solicitar el permiso de tenencia de arma de fuego, la iniciativa contempla que se deberán acreditar conocimientos mínimos del manejo de estos artefactos, así como demostrar capacidad física y psíquica para manipularlas.
Harboe dijo que esta iniciativa "es una moción parlamentaria que llevaba muchos años en tramitación. El gobierno presentó un conjunto de indicaciones. A estas le hicimos correcciones y sugerimos temas. Yo propuse la acumulación de penas. El gobierno las acogió, para dar una señal clara a los delincuentes que saldrá mucho más caro cometer un delito con arma de fuego".
El sábado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, había anunciado que "vamos a ingresar una agenda corta y esperamos que salga la total tramitación de la ley de Control de Armas y Explosivos la próxima (esta) semana".
