El pasado jueves 26 de enero fue la última reunión de la llamada mesa de las pensiones, tras algo más de cuatro meses de sesiones ininterrumpidas. Ese día y como siempre, los asistentes debatieron sobre el tema específico agendado en el marco de las distintas propuestas de mejoras al sistema previsional chileno. Nuevamente hubo diferencias que no sorprendieron -las posturas, en general, son más bien conocidas- y los integrantes una vez más valoraron el espíritu dialogante de la jornada. Se despidieron y varios de ellos al día siguiente comenzaron sus vacaciones.

Hasta ahí todo bien, pero esta semana comenzó a instalarse la creciente noción de que un sector del gabinete evalúa que la Presidenta Michelle Bachelet de a conocer el envío de un proyecto de reforma previsional como parte de su última cuenta pública en el Congreso, aun cuando la instancia político-técnica que ha trabajado por cuatro meses bajo la dirección del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no logre finalmente acercar posiciones para redactar una propuesta de relativo consenso sobre los contenidos que debiera tener una reforma al sistema de pensiones privado basado en el ahorro individual obligatorio en una AFP.

La decisión, en todo caso, va más allá de Hacienda, admiten en el propio gabinete económico, y estaría siendo promovida por un sector del oficialismo radicado en el PS que si bien coincide en que lo idóneo es llegar al discurso de 21 de mayo con una propuesta consensuada, como pidió la mandataria, advierte que aquello es improbable por las fuertes diferencias que persisten con la oposición e incluso con parte del staff del equipo económico.

Cómo debieran aterrizar en el actual sistema previsional las propuestas que la mandataria anunció como ejes de una eventual reforma en la cadena nacional del 9 de agosto pasado ha separado fuerte las aguas entre un sector del PS, el resto del oficialismo y, obviamente, el equipo de Teatinos 120.

El nudo: quién administra

Los nudos de la mesa son precisamente los contenidos fijados por la mandataria como ejes para construir un gran acuerdo nacional sobre cómo mejorar el actual régimen de pensiones. Se trata de la creación del nuevo Pilar de Ahorro Colectivo Solidario, o también llamado Cuarto Pilar, que ayudaría a elevar el monto de las pensiones de los jubilados de menores ingresos; el aumento de 5% en la tasa de cotización previsional individual, que será de cargo del empleador, y que en una parte irá a financiar dicho pilar y, en teoría hasta ahora, en otra fracción hacia las cuentas de capitalización individual.

Pero, además, cómo se administrarán esos recursos y quién tendrá esa responsabilidad tanto en el Cuarto Pilar como en las cuentas individuales. Esto último, dado que la Nueva Mayoría logró imponer la tesis de que el excedente de cotización no puede ser gestionado por la industria de AFP, dado el fuerte rechazo ciudadano que enfrenta y que incluso ha permeado en sectores de oposición.

En el gobierno y en la propia mesa de pensiones señalan que Valdés ya ha transmitido que el excedente de cotización no podría ser entregado a la administración de una AFP, ni siquiera en la parte que iría a la cuenta individual, porque políticamente sería insostenible defender a las gestoras cuando todo esto se genera, precisamente a partir de las bajas pensiones que entregan. De esta manera, confirman integrantes de la mesa, el jefe de Hacienda estaría ya pensando en crear una entidad nueva, posiblemente pública, para gestionar los fondos extras y eso es, hoy, la principal piedra de tope para un acuerdo.

También precisan que el ministro habría comentado con algunos integrantes algunas alternativas para usar o distribuir ese 5% de excedente de cotización, estimado en unos US$ 3.500 millones. "No ha puesto nada sobre la mesa, pero sí ha comentado que, por ejemplo, un uso posible del 5% podría ser para financiar un seguro de vejez de cuarta edad, lo que se conoce como traspaso intergeneracional, modelo que los detractores, advierten, a la postre se traduciría en un sistema de reparto.

Otra opción que ha mencionado es usar un 1% del excedente de 5% para un seguro de vejez intrageneracional, que se financiaría cruzadamente, pero cuyo riesgo es que sería regresivo, ya que los cotizantes de mayores recursos recibirían igualmente las pensiones más altas y quienes aportarían menos, pensiones más bajas.

Lo que ya es oficial

En Hacienda aseguran que el ministro no ha hecho una propuesta formal aún y así lo confirman los diputados RN Alejandro Santana y el UDI Felipe de Mussy, quienes integran la mesa de pensiones por la oposición.

"Quién y cómo se administrará el excedente de cotización es probablemente el mayor nudo que tenemos. Crear una entidad pública es engorroso, ineficiente y nos llevaría al riesgo de terminar con un sistema de reparto. Hoy, si hay un punto de discordia es ese: quien administrará el 5% de cotización extra", explica Santana.

De Mussy agrega que cómo se distribuiría el 5% entre cuenta individual y Cuarto Pilar es el segundo punto en discordia, aunque reconoce que ya está instalada la noción de que los recursos se separarán.

En tercer lugar, detalla Santana, aunque con mucho menos distancia, los cambios paramétricos y el aumento de la edad de jubilación, en especial de las mujeres. "Las diferencias de concepto son más en el cómo y cuánto habría que modificar esos parámetros", apunta el parlamentario.

El costo político

Además de Santana y De Mussy, la mesa de pensiones está integrada por algo más de 10 personas entre técnicos de gobierno, parlamentarios de todos los sectores, incluido RD y la IC, asesores y, de cuando en vez, también un invitado externo para conocer su visión sobre el sistema.

Todas las jornadas fueron guiadas por el ministro Valdés y el eje fue recoger distintas miradas de un mismo tema y avanzar en modelos que, en su ideal, pudieran sentar las bases para el gran acuerdo nacional que pidió Bachelet.

En Palacio, no obstante, altas fuentes allegadas al equipo político aseguran que al retorno de vacaciones, en marzo próximo, la contraparte económica retomará las reuniones con la mesa de pensiones para cercar la cancha.

Personeros de gobierno, de hecho, estiman que Valdés entraría en la recta final para conseguir o generar líneas de acuerdo y no descartan que explore una propuesta de menor disenso para que en el Congreso pudiera destrabarse como ocurrió, por ejemplo, con la tramitación de la reforma previsional de 2007.

Las mismas fuentes incluso prevén que a inicios de abril sería la fecha en que el jefe económico -el ministro en que más confía Bachelet- iniciaría la redacción de un borrador de proyecto de ley de carácter integral, es decir, que en un solo articulado plantearía todos los cambios. Esto, para viabilizar su paso legislativo.

"Esto tampoco se puede eternizar. El ministro ha hecho un esfuerzo genuino por escuchar a todos los sectores, incluso cuando la agenda económica ha tenido otras tantas urgencias como hemos visto, pero hay un momento en que se tiene que apretar para acercar posiciones o definitivamente cortar el tema y asumir que no se ha podido llegar a un acuerdo nacional dentro del marco dado por la Presidenta Bachelet", comenta un cercano al jefe de Hacienda.

Pero si el propio partido de la mandataria es el que ingresó a la mesa una serie de propuestas que se escapan incluso de las directrices dadas por ella, el futuro no se ve nada óptimo, aclara De Mussy.

La presión del PS es, en su opinión, precisamente el detonante de la agudización de las diferencias que hacen aún más lejano un acuerdo nacional. "Yo valoro el esfuerzo del ministro Valdés de guiar a la mesa con una discusión seria, razonable, respetuosa y no como se hizo con las reformas tributaria y laboral, por ejemplo. Pero si la Nueva Mayoría quiere forzar un acuerdo nacional sobre la base de una propuesta que francamente se escapa de todo lo que hemos debatido y está presionando para enviar un proyecto de ley y obligarnos a pagar el costo político de no apoyarlo, bueno, eso en ninguna parte del mundo es un acuerdo nacional y así lo haremos ver", dice.

Sin embargo, cree que el ministro se jugará hasta el final para generar acercamientos. "Confío en que si no logra hacer algo responsable no lo hará", insiste.

Opinión que comparte Santana: "Valdés no se pierde en materia política y menos técnica, estamos dispuestos a discutir todo lo necesario para generar una propuesta responsable. Pero RN no va a apoyar ni impuestos al trabajo ni la vuelta a un sistema de reparto disfrazado de solidaridad. Hay mejores ideas y sería un error botar a la basura cuatro meses de debate no ideologizado".

Aun así, reconoce la posibilidad de que la presión sobre La Moneda termine acelerando el debate y el economista PPD se vea forzado a entregar una propuesta a la Presidenta, aunque no necesariamente como esperan ciertos sectores de la Nueva Mayoría.

Consultados para este reportaje, en Hacienda desestimaron oficialmente referirse al tema.