A principios de marzo y, tras meses de búsqueda, Mauricio Peña (36) compró una propiedad: un departamento de la década de 1950, construido en el cuarto piso de un edificio del barrio Lastarria, en Santiago Centro. "El precio bordeó los $ 55 millones", cuenta el diseñador, a quien, a mediados de mayo, el banco con el que formalizó el crédito hipotecario le descontó $ 216 mil, por el "estudio de título" de su propiedad. A este trámite se sumó la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, que en su caso costó $ 60 mil y tardó más de un mes, desde que realizó el trámite.

Los tiempos de inscripción de las propiedades y los cobros asociados al estudio de títulos de los inmuebles son dos de los aspectos que aborda un proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer el funcionamiento y la fiscalización del sistema registral y notarial, y que -entre sus principales puntos- contempla que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) pueda fiscalizar este mercado.

La iniciativa -que en el gobierno esperan presentar esta semana en el Parlamento- se suma a otra ingresada en octubre de 2012, donde se modifican los criterios para elegir a los notarios.

El nuevo texto -que consta de ocho puntos- obliga a estas entidades a funcionar un mínimo de cinco horas diarias y fijar un sistema de turnos para los sábados. Además, aumenta las fiscalizaciones a estos organismos y sistematiza las sanciones. También establece que notarios y conservadores lleven un registro electrónico de los trámites, conformando un archivo digital. Junto con esto, fija plazos para inscribir los bienes en el Conservador y crea un registro de interdicciones.

La ministra de Justicia, Patricia Pérez, plantea que el proyecto "se enfoca en modernizar el sistema, en el sentido de incorporar tecnología, sistemas telemáticos. También establece la posibilidad de que las personas tengan a su disposición la libre protección al consumidor, para reclamar por los aranceles y horarios".

Añade que a la "fiscalización" por parte del Sernac se agrega que "más que eliminar (trámites), todo se podrá hacer de forma mucho más expedita, en el sentido de que en los tiempos de inscripción hoy pueden pasar meses (...). Se agilizará tremendamente y abaratará para el usuario".

Sobre trámites como el estudio de título, precisa que "habrá que revisar la historia de ese bien raíz, pero es infinitamente más directo, rápido y barato hacerlo cuando aprietas un botón y sale la información".

REACCCIONES

El proyecto ha generado interés tanto en la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, como en la Asociación de Bancos. En ambas entidades también ha generado interrogantes.

El presidente de la Asociación de Conservadores y Notarios, Armando Arancibia, plantea que -si bien no ha tenido acceso al texto- "estamos por una modernización y agilización del sistema notarial, que vaya en favor de la seguridad jurídica. Es bueno que la digitalización sea obligatoria, pero eso no asegura todo. Estamos en conversaciones con el Registro Civil para tener acceso a algunas bases de datos esenciales para asegurar la identidad de las personas que concurren a nuestras oficinas".

Mientras, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, afirma que "en este tema siempre hay que buscar un equilibrio. Y ese se debe dar entre la seguridad para las personas y la facilidad hacia los consumidores". Advierte que "no vaya a ocurrir que entremos en una espiral en que por buscar mayores facilidades se pierda seguridad. Debemos recordar que Chile tiene un alto prestigio internacional, sobre todo lo que implica seguridad de los títulos de bienes", enfatiza.

Sernac, con todas sus facultades

El nuevo proyecto contempla la aplicación de la Ley 19.496, conocida como la Ley del Consumidor, a los servicios que prestan los notarios, conservadores y archiveros. "Esto implica la intervención del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)", detalla la ministra de Justicia, Patricia Pérez, en áreas como el cobro de aranceles, cumplimiento de los horarios de funcionamiento, plazos para la entrega de documentos y calidad de la atención. En el Sernac se comentó que "nuestra misión en este tema ha sido, hasta ahora, facilitar la información a los consumidores para que conozcan sus derechos y cómo ejercerlos. Corresponde al Parlamento establecer las mejoras necesarias para dar mayor transparencia y regulación al sistema".

Luis Maldonado, conservador de bienes raíces de Santiago, consideró "correcto que (Sernac) controle, por ejemplo, los precios que se cobran en estas oficinas, pero hay otros ámbitos, mucho más propios del Poder Judicial, que no le corresponden".

Almacenamiento on line de datos

Otro de los ejes del proyecto es aquel que obliga a los actores del sistema notarial y registral chileno a contar con medios electrónicos de almacenamiento de información en línea, además de correo electrónico y firma electrónica avanzada. Estos sistemas actualmente son optativos. También exige soportes que permitan extender escrituras públicas a través de documentos electrónicos y que cada notario y conservador deba incorporar a un repositorio digital todas las escrituras públicas e inscripciones que ante él se otorguen.

La ministra Pérez destaca que "todo el material estará digitalizado. Más que eliminar trámites, eso abaratará los costos y, además, agilizará los trámites de los usuarios".

El notario Armando Arancibia, presidente del gremio, manifiesta que "estamos de acuerdo con la modernización y agilización digital del sistema. Es bueno que ésta sea obligatoria, pero, de todos modos, eso no lo asegura todo. Aún no sabemos qué tan confiables son los medios digitales".

Nuevo equipo de fiscalizadores

"Actualmente, a los notarios, conservadores y archiveros, los fiscalizan los ministros de la Corte de Apelaciones o los jueces de letras", apunta la ministra Pérez. Ellos, en efecto, deben visitar estas dependencias, al menos, dos veces al año. El proyecto, para evitar su distracción de la labor principal, plantea excluirlos a ambos de aquel régimen de visitas, pero mantiene la aplicación de las medidas disciplinarias por parte de las cortes de Apelaciones.

Lo que cambia es que se propone radicar en la Corporación Administrativa del Poder Judicial la fiscalización in situ y remota de estos oficios, que incluso podrá ser consultada mediante medios electrónicos.

Jorge Osnovikoff, conservador de Bienes Raíces de San Fernando, plantea que "la fiscalización judicial siempre es positiva. Hoy existe un procedimiento para que la gente haga los reclamos de cobros o de otro tipo en las cortes de Apelaciones, gobernaciones y juzgados de letras, y funciona bastante bien. Los reclamos son mínimos".

Sistematización de las sanciones

Frente a todas las nuevas exigencias, el proyecto también propone sistematizar las sanciones en caso de incumplimientos. Así, además de las medidas disciplinarias como funcionarios auxiliares de la administración de justicia, tanto notarios como conservadores y archiveros estarán sujetos, paralelamente, a cuatro tipos de sanciones respecto de sus aranceles, horarios de atención, calidad de ésta y plazos de inscripción.

Serán posibles, entonces, sanciones disciplinarias impuestas por las cortes de Apelaciones; sanciones judiciales en virtud de la Ley del Consumidor; eventuales informes negativos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y malas calificaciones en la lista de méritos, que inciden en los ascensos o la mantención de los cargos.

Además, la iniciativa legal contempla que los notarios, conservadores y archiveros deberán atender al público, como mínimo, cinco horas diarias, de lunes a viernes, y que se fijará un sistema de turnos para los sábados.