"Si el Ejecutivo está viendo esto por tv, sería bueno que tome nota", afirmó el diputado PS Osvaldo Andrade durante una sesión de la comisión de Constitución de la Cámara la semana pasada. Sus palabras buscaban llamar la atención de La Moneda sobre la resistencia que, de manera transversal, generó el proyecto de ley que el gobierno ingresó para modificar la Ley del Lobby, que comenzó a regir a fines de noviembre de 2014.
La nueva iniciativa del gobierno busca que los embajadores de Chile en el exterior queden al margen de la obligación de informar sobre reuniones sostenidas en sus respectivas destinaciones, a fin de evitar que con ello se pueda comprometer el interés o seguridad nacional. Así se propone modificar la Ley del Lobby explicitando que sólo se exigirá transparentar "la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares dentro del territorio nacional".
Si bien en un inicio el proyecto gubernamental parecía de fácil despacho, luego que fuera aprobada la idea de legislar el 14 de enero en la misma comisión, en los últimos días tuvo un inesperado vuelco.
El cambio de opinión de los legisladores se dio tras escuchar las exposiciones de diversas organizaciones que manifestaron su desacuerdo con la propuesta. Y es que para muchos el nuevo texto -como está redactado- abre la posibilidad de extender la excepción de registrar audiencias a otras autoridades del Estado que se encuentren de viaje en el extranjero.
A juicio de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, el cambio propuesto por el gobierno nace de "una interpretación errada" de la Ley del Lobby, ya que esta norma "regula la publicidad de la gestión de intereses particulares y cuando hay reunión de embajadores hay una discusión de intereses generales de la nación", con lo queya estarían exceptuados de la obligación de informar sus audiencias.
En esa misma línea, el diputado UDI, Arturo Squella, dijo que la modificación "podría prestarse para hacer excepciones y evidentemente no es el espíritu de la ley que está en vigencia".
A su turno, el diputado DC René Saffirio sostuvo que la propuesta va en dirección contraria a lo que exige la sociedad actual. "Esto es profundizar los privilegios de algunas personas del Estado", afirmó.
Ante dicho escenario, la comisión de Constitución solicitó al gobierno revisar su propuesta para evitar dar malas señales a la ciudadanía. "Yo sugeriría al gobierno que se congele este proyecto", advirtió el timonel socialista.
Desde el Ejecutivo accedieron a las solicitudes de los parlamentarios y quitaron la suma urgencia de la iniciativa.
"El gobierno acogió de inmediato esta solicitud y expresó que se colocaba a disposición de la comisión para construir un acuerdo en esta materia", señaló a La Tercera el director de asuntos jurídicos de Cancillería, Claudio Troncoso.
