El lunes pasado, a 24 horas de que un centenar de militantes socialistas se congregaran en el ex Congreso para proclamar como su abanderado presidencial a Marco Enríquez-Ominami, el tribunal supremo del PS tomaba conocimiento de la solicitud de la directiva para sancionar a aquellos dirigentes que no apoyasen a Eduardo Frei.
En menos de una semana, el órgano disciplinario comunicó ayer su primera resolución: junto con instruir una causa contra ocho integrantes del comité central de la colectividad, decretó la suspensión de todos sus derechos como militantes socialistas.
El requerimiento ante el TS -presentado por el secretario general Marcelo Schilling-, así como la medida precautoria de suspender la militancia de los dirigentes, representa un giro en la forma en que la directiva había enfrentado a quienes se negaran a votar por el abanderado de la Concertación.
"Rechazo ese prurito de que el PS pone sanciones a la gente (...) He insistido no una ni dos ni tres, sino que cientos de veces que en el PS estos temas no son tratados con medidas disciplinarias", había señalado el timonel Camilo Escalona el 7 de mayo, cuando Carlos Ominami había anunciado que apoyaría la candidatura presidencial de su hijo.
Tras conocer la medida disciplinaria en contra de sus adherentes, Enríquez-Ominami fustigó duramente a la jefatura del PS y comparó su comportamiento con la policía secreta de la ex República Democrática Alemana, Stassi.
"Esta caza de brujas es gravísima, propia de la Stassi, de un sistema de persecución completamente inaceptable (...) La mesa del PS está encabezada por unos malos alumnos de los sistemas autoritarios", afirmó el candidato independiente tras sostener un encuentro con investigadores del think tank gremialista Libertad y Desarrollo.
En la nómina de los dirigentes sancionados figura el ex subsecretario de Investigaciones Lincoyán Zepeda; la vocera del comando de Enríquez, Gina Hidalgo, y uno de los coordinadores de la campaña senatorial de Carlos Ominami, Patricio Mery. También se suspendió a Rubén Andino, miembro del comando de Jorge Arrate.
Los afectados, quienes han cuestionado la legalidad del acto con que en enero el PS proclamó a Eduardo Frei como su candidato presidencial, tienen cinco días para presentar sus descargos.
