La muerte de Jorge Aravena Retamales (44) al interior de una patrulla de Carabineros de Rancagua no sólo culminó con la detención de seis uniformados y la apertura de una causa en la justicia militar. También generó una profunda modificación a la política interna de la policía en materia del respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Una de las medidas, explica el coronel Rodney Weber, jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, fue potenciar el "autocontrol" de los funcionarios y permitir a la ciudadanía conocer cuáles son sus derechos frente a un arresto. Por esta razón, la policía instalará en sus más de 1.200 cuarteles afiches explicativos sobre las formas de proceder (ver infografía).
"En el caso de la Comisaría de Rancagua y sin perjuicio de que hay procesos judiciales en curso, este departamento tiene que analizar qué sucedió desde el punto de vista policial y generar nuevas estrategias que permitan disminuir los riesgos de tener este tipo de actuaciones", aclara el oficial.
Según Weber, "queremos una sensibilización mayor de los carabineros y generar un control social externo en materia de derechos humanos. Una persona que va a un cuartel, que no se sienta intimidada por no saber lo que le va a pasar adentro".
Una de las tareas del Departamento de DD.HH creado en 2012 es recepcionar y contestar requerimientos de los tribunales. Desde su creación a la fecha han recibido 1.725 requerimientos judiciales vinculados a esta materia. Sólo en 2013 se recibieron 810 peticiones. Según Carabineros, el abuso de poder y la vulneración de los derechos de minorías son los casos más frecuentes a los que debe hacer frente la entidad.
Una crítica frecuente a la policía es el uso excesivo de la fuerza en las marchas. En este ámbito, Weber reconoció que esta "es una preocupación permanente. Fuerzas Especiales es de las reparticiones mejor entrena- das de Carabineros. La exploración y estudio de armas no letales en el contexto de orden público es una preocupación". Sin embargo, el oficial descartó "de plano cualquier instrucción o acción instigadora de violaciones a los derechos humanos de los detenidos. No hay normas discriminatorias contra minorías ni que sean permisivas de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes".
De acuerdo con la institución, en los operativos relacionados con manifestaciones "se han logrado avances sustantivos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene sus observadores debidamente autorizados y pueden acceder a los cuarteles y buses donde hay personas que están privadas de libertad. También contamos con más de 100 cámaras en los buses".
Otro punto que enfatiza es el uso de redes sociales donde se denuncian presuntas irregularidades o hechos de violencia policial. "Tenemos mayor control de lo que está sucediendo, porque ahora está todo online. Es difícil que pase algo y en 30 minutos no se sepa si algo anda bien o mal", aseguró.
