Las cuentas de Puerto Rico están alarmantemente en rojo. Debe aproximadamente US$ 70.000 millones, el 70% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo pone como el territorio estadounidense más insolvente de todos. Algunos, como la revista The Economist, hablan de la isla como la "Grecia en el Caribe" y otros sostienen que está al borde de la bancarrota, como ya se declararon las ciudades norteamericanas de Detroit (Michigan), Stockton (California) o el condado de Jefferson (Alabama). Ello, a pesar de que sus centros comerciales, restaurantes y locales nocturnos están llenos de clientes y turistas.
Detrás de la condición de estado libre asociado de Puerto Rico -es decir, no es un país soberano ni independiente, ni es uno de los 50 estados de EE.UU.- radica en parte el origen de su problema de endeudamiento y las dificultades para encontrar una solución. La isla, de 3,7 millones de habitantes, no cuenta con un Banco Central, un ministro de Finanzas o una moneda propia. Sí tiene un secretario de Hacienda, pero buena parte de la gestión económica -políticas monetarias y tasas de interés- la maneja la Reserva Federal de Estados Unidos.
Y por su condición de jurisdicción fiscal independiente, los intereses de los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico están exentos de impuestos, lo que se volvió muy atractivo para los inversionistas. Por este motivo, The New York Times se refirió recientemente a Puerto Rico como "la reina de los mercados de bonos". Según la revista Forbes, en los últimos 10 años la casa de valores UBS vendió más de US$ 10.000 millones en bonos de la isla empaquetados en fondos de inversión. Pero también la isla generó una situación de dependencia de la venta de bonos. En las últimas dos décadas, el gobierno de Puerto Rico no ha podido generar suficientes ingresos para sus gastos operacionales, por lo que fue tomando prestado el dinero desde el mercado de bonos, acrecentando cada vez más su deuda. Esto ha hecho que la isla sea hoy estructuralmente insolvente, ya que no alcanza a generar suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones.
Pero esa situación no se nota del todo en la calle. Propia de la condición especial de Puerto Rico, que tiene una tasa de desempleo del 13,9%, gran parte de los programas sociales y de asistencia de la isla son financiados por el gobierno federal. Así, recibe de EE.UU. más de US$ 6.000 millones anuales en asistencia de nutrición, vivienda, salud y educación. La situación socioeconómica de la isla está muy por debajo de la situación del resto de Estados Unidos. Según cifras del Departamento estadounidense de Agricultura, el 37% de los puertorriqueños recibió en 2012 asistencia alimentaria por un valor de US$ 2.000 millones. Eso sin contar con el hecho de que, por ser ciudadanos norteamericanos, pueden mudarse a cualquier lugar de Estados Unidos sin limitación: alrededor de 30.000 personas dejan Puerto Rico cada año, al punto que 4,7 millones de puertorriqueños viven actualmente en el resto del país.
Como sea, Puerto Rico, al no ser un país, no cuenta con las herramientas legales para abordar estos problemas, y al no ser un estado de la Unión, tampoco tiene acceso a opciones de protección ante los acreedores que la ley estadounidense ofrece a los gobiernos estaduales. El peor escenario que enfrenta la isla no es declararse insolvente ni verse obligado a renegociar su relación con las deudas, sino que las agencias evaluadoras de riesgo crediticio declaren sus bonos como chatarra o "junks bonds". Esto haría que los intereses en los bancos de Puerto Rico subieran sustancialmente y perdieran confianza.
Además, en el caso de que el gobierno local perdiera liquidez, se enfrentaría a un mercado adverso, por lo que tendría que tomar medidas de austeridad, como despedir empleados y reducir gastos.
"La prioridad de Puerto Rico deben ser las reformas estructurales para impulsar el crecimiento, de romper con los monopolios hasta reducir la burocracia", escribió The Economist. Ante esta situación el gobernador Alejandro García Padilla negó que la isla esté a un paso de la quiebra o que necesite de la intervención del gobierno federal. "Haremos todo lo que sea necesario para que Puerto Rico honre sus compromisos. (...) No es sólo una solución constitucional, sino también una obligación moral", declaró, citado por The Huffington Post.
