Un importante día tuvo hoy el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, en Dinamarca. No solo por la charla que debió presentar en inglés en la Universidad de Copenhague, en su primera salida de Bélgica desde que huyó de España, sino que también porque se confirmó que sería propuesto como candidato para presidir Cataluña nuevamente.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, señaló hoy que propondrá a Puigdemont ante la cámara como candidato a la presidencia de la Generalitat, tras haber consultado a los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, señaló que es "consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont (...) pero soy consciente también de su absoluta legitimidad para ser candidato".
Torrent además sostuvo que solicitó una reunión con el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para buscar una solución a la situación de los diputados catalanes que no pueden ejercer con plenas garantías su función representativa, debido a que están presos o en Bélgica.
El anuncio generó diversas reacciones, puesto que tanto el gobierno como la oposición han señalado que buscarán bloquear una toma de posesión por parte de Puigdemont, con lo que podrían recurrir al Tribunal Constitucional para que invalide su nombramiento. "No es admisible que una persona que vive fuera de España pueda presidir la Generalitat, que sea investido sin acudir al Parlamento", manifestó Rajoy el sábado.
Pero Puigdemont también recibió otra noticia hoy, que podría señalarse como menos alentadora para el líder catalán. El Tribunal Supremo español rechazó el pedido que había hecho la Fiscalía, de reactivar la orden de arresto europea contra él. ¿Por qué noticia desalentadora? El propio juez Pablo Llarena señaló que la detención de Puigdemont podría beneficiar sus intenciones de ser investido, ya que de haber sido arrestado en Dinamarca, el ex presidente catalán podría esgrimir una "incapacidad por condiciones legales", con lo que podría delegar su voto en el Parlament para la investidura.
"Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlament, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta", explicó en un escrito el juez Llarena.
De todos modos, este martes la Mesa del Parlament deberá debatir si permite que los cinco diputados que están en Bélgica, puedan delegar el voto para el proceso de investidura que deberá realizarse antes del 31 de enero. Sin estos votos, existiría un empate entre quienes apoyarían a Puigdemont, y los diputados no independentistas.
Pero ante la opción de que quienes están en Bélgica deleguen su voto y que Puigdemont sea investido, el gobierno puede impugnar la decisión. Aquello obligaría a Torrent a iniciar una nueva ronda de consultas para proponer otro candidato, pero si no se lograra llegar a acuerdo para un candidato, todo podría terminar en la celebración de nuevas elecciones en dos meses, según consigna el diario La Vanguardia.
"No vamos a capitular frente al autoritarismo, a pesar de las amenazas de Madrid. Pronto formaremos un nuevo gobierno", manifestó Puigdemont desde Dinamarca.
