Por primera vez desde que Carles Puigdemont dejó de ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, habló acerca de la aplicación del artículo 155 de la constitución de España. El mensaje que fue previamente grabado, destaca la idea que continuar con el proceso de independencia y llamó a los catalanes a ser una oposición pacífica.
Tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, convocado por el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy; hoy, de manera oficial, inició al cese de actividades del presidente, del vicepresidente, de los consejeros y del jefe de la policía de Cataluña. Además de convocar a elecciones el próximo 21 de diciembre.
El cargo de presidenta y de otros organismos catalanes fue designado por el jefe de estado español, a la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz.
En su discurso Puigdemont aseguró que la decisión del parlamento de Cataluña de declarar la independencia unilateralmente, "cumplió con lo que los ciudadanos votaron en las urnas" y por el contrario la el fallo del senado español de votar de los medidas que implican el ceso de gobierno catalán y de otros autoridades de la región significó "una decisión contraria a la votada por los ciudadanos catalanes".
Por otro lado, pidió a los catalanes "seguir defendiendo con un incansable sentido cívico y pacífico" la declaración de independencia, "sin insultos y de manera inclusiva respetando personas y símbolos y opiniones; y también respetando las protestas de los catalanes que no están de acuerdo con lo que se voto en mayoría", añadió.
Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca", dijo el ex presidente catalán.
"No tenemos, ni queremos la razón de la fuerza, nosotros no", agregó Puigdemont.
En ese sentido indicó además que los catalanes deben ser una "oposición democrática al artículo 155".
La Fiscalía General del Estado, por su parte, ultima su querella por el delito de rebelión (arriesga una pena de hasta 30 años) contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por la Cámara catalana, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Gobierno autonómico y a los de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación, que fue secreta para dificultar eventuales consecuencias.
En tanto, si Puigdemont y los demás miembros de su gobierno se desisten de dejar sus cargos podría ser imputado por usurpación de funciones.
