A fines de julio la Cámara de Diputados aprobó, por 53 votos a favor y 20 en contra, un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta Michelle Bachelet hacer gestiones para el cierre del penal Punta Peuco, donde se encuentran recluidos ex uniformados que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.
A poco más de un mes de la petición, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señaló ayer que el gobierno no ha tomado ninguna determinación, por lo que, por ahora, Punta Peuco no se cerrará. Agregó que se trata de una "decisión técnica, no sólo política" y defendió el criterio de segregación entre ex militares y reos comunes por motivos de seguridad.
"Todos los presos tienen características particulares, tenemos diferenciación entre diversas situaciones. En este caso particular, en materia de violación de derechos humanos, nuestra primera obligación es que quien está cumpliendo condena la cumpla y no lo maten al interior del recinto. Una vinculación de esos presos con presos comunes puede terminar con la muerte de varios de ellos", dijo el ministro en radio ADN.
Gómez reafirmó más tarde sus dichos a La Tercera. Explicó que es una obligación de la autoridad "hacer una segregación", ya que "sería una irresponsabilidad" mezclar a todos esos presos en un recinto común, sin medidas de seguridad.
En el gobierno explican que este criterio de segregación (separación) también se aplica a condenados por otros delitos. Por ejemplo, los "violadores" no son mezclados con "asaltantes".
Ayer el ministro, sin embargo, también entregó otro argumento que impediría cerrar el penal. Reveló que en las próximas semanas podrían sumarse una treintena de nuevos condenados a Punta Peuco producto de futuros fallos de la justicia.
"En ese caso particular de Punta Peuco tenemos una cosa curiosa, hay un hacinamiento y se va a producir uno mayor a consecuencia de que vienen fallos que van a incorporar al penal alrededor de 26 o 30 personas más", comentó en ADN.
En septiembre del año pasado y cuando se conmemoraban 40 años del Golpe Militar, el entonces Presidente Sebastián Piñera decretó el cierre del Penal Cordillera, ubicado en Peñalolén, donde cumplían condena 10 ex uniformados condenados por violaciones a los DD.HH., entre ellos el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras y el ex director de la CNI, Odlanier Mena, quien se quitó la vida tras conocer la medida.
REACCIONES
Las declaraciones del ministro Gómez generaron reacciones en el oficialismo, donde algunos tomaron distancia de los criterios fijados por el gobierno.
"No estoy de acuerdo, yo creo que todos los presos deben tener el mismo tratamiento", dijo el presidente del PS, Osvaldo Andrade.
El senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, aseguró que "no es el minuto de abordar el tema" y que "Gómez tiene la responsabilidad en mantener eso en calma y tranquilo para que no se convierta en un dolor de cabeza para La Moneda".
Consultado por las declaraciones de Gómez, especialmente por los riesgos de juntar a ex uniformados con reos comunes, el timonel del PC, Guillermo Teillier, dijo que "como lo hicieron con nosotros, puede haber una galería dentro de la cárcel pública y pueden estar ahí".
