Justo en momentos en que el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, llegaba ayer a Ucrania para respaldar a las autoridades locales en su lucha con las milicias prorrusas del Este del país, el canciller ruso, Sergei Lavrov, acusó a las autoridades de Kiev de violar "groseramente" el acuerdo alcanzado la semana pasada en Ginebra para aplacar el conflicto. Paralelamente, el Presidente ruso, Vladimir Putin, en un gesto a los habitantes de las ex repúblicas soviéticas y que busca ampliar su influencia en la región,  aprobó enmiendas para facilitar el otorgamiento de la ciudadanía rusa a los solicitantes que dominan el idioma ruso y proceden de "espacios históricos" rusos.

"El acuerdo de Ginebra no solamente no es respetado, sino que es violado de manera flagrante por las medidas adoptadas por los que usurparon el poder en Kiev", afirmó Lavrov en una conferencia de prensa en Moscú.

En comunicación telefónica con su homólogo estadounidense John Kerry, el canciller ruso "pidió al secretario de Estado que presione a Kiev para evitar que  algunos demasiado impetuosos provoquen un conflicto sangriento".  "Aquellos que conscientemente cruzan la línea que desata una guerra civil (...) están llevando a cabo políticas criminales y no sólo lo condenaremos, sino que lo impediremos", advirtió Lavrov.

De su lado, Kerry "solicitó a Rusia tomar medidas concretas para ayudar a aplicación del acuerdo de Ginebra", como llamar  "públicamente a los separatistas a desocupar edificios", señaló la portavoz Jen Psaki.

En las últimas horas, Moscú y Kiev han protagonizado un cruce de acusaciones sobre la ruptura de la tregua declarada con ocasión de la Pascua ortodoxa. Según The New York Times, las acusaciones de Lavrov sugieren que Rusia podría estar preparando el terreno para una intervención militar.

En medio del clima de crispación por la crisis ucraniana, Putin firmó una ley que simplifica el proceso para recibir la ciudadanía a aquellos que tienen el idioma ruso como nativo y que a su vez vivieron en territorio de la Unión Soviética o del Imperio Ruso fuera de la actual Rusia.

Según la nueva ley, el solicitante deberá renunciar a la ciudadanía del Estado extranjero si la tiene, destacó la agencia Ria Novosti. Estos cambios se producen después de la anexión por parte de Rusia el mes pasado de la península ucraniana de Crimea, a cuyos habitantes se les concedió la ciudadanía rusa, y en medio de las tensiones en torno al sudeste de Ucrania, donde residen principalmente los rusoparlantes de este país. De esta forma, el mandatario podría ver incrementada su influencia en la zona y tendría más argumentos para defender a los nacionales de su país en otros estados. Además de Ucrania, existen importantes zonas rusohablantes en países como Moldavia, Estonia y Kazajstán.

Asimismo, Putin anunció ayer la firma de un decreto que rehabilita a los tártaros de Crimea y otras minorías étnicas después de las deportaciones "estalinistas" al término de la Segunda Guerra Mundial. El Presidente interino de Crimea, Sergei Aksionov, advirtió ayer a los tártaros, una histórica comunidad musulmana de 300.000 personas (12% de la población de Crimea), que deberán dejar la región si no respaldan la anexión a Rusia y dijo que los considerará "extremistas" si el Parlamento de la comunidad musulmana sigue "provocando hostilidades interétnicas".