Catar construirá siete "ciudades" para albergar a más de 250.000 inmigrantes que trabajan en la construcción de infraestructuras en el país, entre ellas las del Campeonato mundial de fútbol de 2022.
Las autoridades indicaron este martes que los siete sitios estarán terminados antes de fines de 2016 y el más grande de éstos, con capacidad para 70.000 personas, cuenta con un estadio de cricket de 24.000 plazas, y en las próximas semanas recibirá a sus primeros habitantes.
Este anuncio fue hecho en medio de un contexto de críticas insistentes sobre la calidad de los alojamientos brindados por Catar a los numerosos trabajadores inmigrantes en el país, inclusive Doha reconoció que las condiciones de vida de muchos de ellos eran malas.
En total, unos 258.000 trabajadores, o sea alrededor del 25% de la población activa extranjera, vivirán en las nuevas ciudades de acogida, repartidas en todo el emirato.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Abdalá ben Saleh al Julaifi, indicó a la AFP que estos centros encarnan "el porvenir".
"Sé que nuestro pueblo quiere mejores alojamientos para sus trabajadores", indicó, precisando que su país duplicó el número de personas encargadas de inspeccionar los mismos, cuya cifra en poco tiempo llegará a 400.
"Tomamos estas cosas muy en serio y la comunidad económica lo sabe muy bien", agregó.
Las autoridades no precisaron el costo que representa la construcción de todas estas ciudades de acogida pero la principal, "Labour city" (la ciudad del trabajo), costó 825 millones de dólares. Esta integrada por 55 edificios, incluyendo en particular un centro comercial, una clínica y la segunda más grande mezquita de Catar.
Según Nicholas McGeehan, de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), este plan es "un paso útil" pero "el problema mayor de Catar sigue siendo su sistema (de derecho laboral), no el alojamiento".
"El problema es el mecanismo de control que brinda un poder exorbitante a los empleadores", asegura haciendo alusión a la "kafala" (legislación que atañe a los trabajadores inmigrantes en varios países de la región).
Esta semana, el ministro de Trabajo catarí expresó la esperanza de una próxima abolición de este sistema de apadrinamiento local que hace a un trabajador inmigrante casi propiedad de su empleador, lo que regularmente denuncian las ONG como una forma de esclavitud moderna.
